El coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez, reiteró este lunes que esa organización política rechaza el anteproyecto de ley de reforma constitucional enviado por el Poder Ejecutivo al Consejo Económico y Social (CES), por considerarla inoportuna, innecesaria e inviable, debido a que es reiterativa y no consagra nuevos derechos ciudadanos.

En una carta dirigida al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Rafael Toribio, el representante de la Fuerza del Pueblo ante el CES, argumentó “Nuestro país apenas empieza a recuperarse de las ominosas secuelas de la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, y padece los efectos de una espiral inflacionaria con elementos de política económica interna, que ha elevado extraordinariamente los precios de los productos básicos de la canasta familiar”.

Manifestó sin embargo, que la FP reitera su voluntad y disposición de seguir asistiendo a los trabajos y deliberaciones del Consejo Económico y Social en torno a las demás iniciativas que han sido presentadas en las diferentes mesas incluyendo la de Transparencia e Institucionalidad.

“Nuestro país apenas empieza a recuperarse de las ominosas secuelas de la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, y padece los efectos de una espiral inflacionaria con elementos de política económica interna, que ha elevado extraordinariamente los precios de los productos básicos de la canasta familiar”, dice el documento dirigido al CES.

La FP considera que la atención, dedicación y mitigación de manera eficaz de esos problemas, y otros más, de no menor importancia, “deberían constituir en estos momentos el foco de atención y esfuerzo primordial del Gobierno dominicano, en vez de invertir energías y esfuerzos inútiles en el despropósito de alentar una traumática e inviable reforma constitucional”.

Radhamés Jiménez dijo que es una propuesta de reforma constitucional innecesaria en el ámbito institucional, en virtud de que gran parte de sus objetivos podrían perfectamente lograrse mediante ajustes en nuestro ordenamiento jurídico orgánico u ordinario, a través de modificaciones a Leyes vigentes, o la elaboración de decenas de instrumentos normativos que están pendientes de aprobarse o modificarse, y que ha sido dispuesto por la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010.

Indica que más aun, el propio Gobierno, al unísono de la reforma constitucional, presenta una serie de proyectos de modificaciones a Leyes Orgánicas que en gran medida procuran los mismos objetivos institucionales que dicha reforma, lo cual prueba de manera irrefutable, lo innecesario de la misma.