Creo que pocos analistas y dominicanos expertos en temas militares locales, si los hubiere, consideraron en algún momento que en una administración del PRD se contemplara el espectáculo de ver a altos oficiales involucrados de manera activa en proselitismo partidario.

Pero ha ocurrido y al parecer quienes lo están haciendo cuentan con el visto bueno del ciudadano Presidente de la República, quien además es el comandante en jefe de los cuerpos castrenses y la Policía Nacional.

Sorprende este hecho porque fue precisamente el PRD la organización a la que le tocó llevar a cabo la arriesgada y valiente tarea de desmontar los cuadros políticos-partidarios que se habían apoderado de las fuerzas armadas durante el largo periodo de 12 anos del doctor Joaquín Balaguer. Cuadros que se encargaron, desde la toma de posesión del caudillo reformista, de hacer posible una amplia campaña de colaboración con los Estados Unidos de la guerra fría para purgar las izquierdas y el liderazgo radical del Partido Revolucionario Dominicano.

El Presidente Hipólito Mejía fue ministro de Agricultura de la administración del Presidente Antonio Guzmán y Vicente Sánchez Baret, el presidente del PPH, era el activo ministro de Interior y Policía. Ellos conocen de primera mano, por tanto, como se estremeció el país cuando el Presidente decidió poner en marcha lo que entonces se llamó la despolitización de las Fuerzas Armadas.

Tengo la impresión de que el Presidente Mejía se hubiera hecho el indiferente o hubiera salido con un chiste si en vez de dos o tres generales fueran 10, 20, 30 ó 40 de los muchos que hay los que proclamaran la bondad de su gestión y la necesidad de que la misma continuara para concluir las obras no terminadas. Pero la actitud responsable del secretario de las Fuerzas Armadas, a mi juicio, ha constituido un valladar para que los oficiales políticos hayan quedado aislados y con pocos seguidores.

Los militares dominicanos han estado muy expuestos a la política después del ajusticiamiento de Trujillo. Los norteamericanos los utilizaron temprano como punta de lanza contra las izquierdas, involucraron al entonces influyente coronel Elías Wessin y Wessin y otros en un golpe de Estado contra Juan Bosch, un presidente electo mayoritariamente por la población, y luego los llevaron a las calles para que impidieran la restauración de la constitucionalidad.

A partir de 1966 el Presidente Joaquín Balaguer los dividió en grupos y subgrupos, como establece Atkins en su libro sobre los militares dominicanos. Luego convirtió a los más conspicuos generales y coroneles en cuadros al servicio de su sempiterna reelección y de su partido, entonces llamado Partido Reformista.

Este periodo de 12 años (1966-1978) desnaturalizó por completo el rol constitucional de los militares y policías. Desertaron como defensores de los ciudadanos y los derechos de estos y se pusieron al servicio de la guerra fría y del autoritarismo balaguerista.

Los perredeistas no pueden olvidar, sobre todo los perredeistas de tradición, que su líder José Francisco Peña Gómez fue de los que más sufrió las embestidas de la politización de las fuerzas armadas, de los militares al servicio del poder partidario, de los oficiales y clases consagrados a perpetuar al doctor Balaguer en el poder.

Tanto fue el acoso militar contra el doctor Peña Gómez que este no podía defenderse ni reclamar el carácter no deliberativo de los cuerpos castrenses, porque cuando lo hacía entonces lo pintaban como un enemigo de las fuerzas armadas, como un político que vivía para destruirlas.

Los militares politizados también irrumpieron en la Junta Central Electoral el 16 de agosto en la madrugada para impedir la continuación del conteo de unos votos que daban ventaja al PRD y a Antonio Guzmán, con la intención manifiesta de mantener a Balaguer en la Presidencia de la República.

Los reporteros de entonces vivimos intensamente los desplantes militares y policiales al Antonio Guzmán presidente electo. Luego supimos, por Atkins, que la alta oficialidad se dio un plazo de varios meses para observar las ejecutorias de Guzmán y entonces decidir si lo dejaban o no cumplir sus cuatro años de gobierno.

Era claro que la democratización del país pasaba, necesariamente, por la despolitización de las fuerzas armadas. El Presidente Guzmán y sus asesores así lo comprendieron, lo hicieron, fueron ampliamente aplaudidos y la República Dominicana empezó una nueva fase en su camino hacia la democracia. Luego vinieron las presidencias de Salvador Jorge Blanco, Joaquín Balaguer y Leonel Fernández, quienes, en general, mantuvieron a los militares lejos del compromiso partidario.

Con el Presidente Mejía ha habido un traspié fuera de tiempo y sin ninguna lógica política y militar. Porque ningún sector social de hoy en día comulga con la idea de que los soldados deben tomar parte en la vida de los partidos políticos. Tampoco los militares están de acuerdo, sobre todo los más jóvenes. No creo, además, que la tradición perredeista vea este fenómeno con buenos ojos.

Muchos teníamos sospechas fundadas con la tendencia a la militarizaciones de espacios tradicionalmente ocupados por los civiles. Muchos no entendíamos la procesión de generales –recibió 68 y ahora son 191–, pero ya las cosas se van poniendo claras y en su lugar. Otra vez uno tiene que recordar que todo buen político es siempre, absolutamente siempre, un actor en escena.

Todo esto pone sobre la mesa una nueva tarea: hay que reiniciar el proceso de despolitización de las fuerzas armadas.