Por: Patricia Solano Y Juan Miguel pérez
Cada vez son peor vistos los privilegios que gozan muchos funcionarios públicos en contraste con las privaciones de la mayoría de la población. Escoltados por franqueadores que detienen el pesado tránsito en las calles de la ciudad, gozan de acceso exclusivo a facilidades en aeropuertos del país y en servicios públicos de todo tipo.

Pareciera que muchos funcionarios de medio y alto rango, civiles y militares, todavía hoy en 2022, a 60 años de la caída de la dictadura de Trujillo, siguen apegados a uno de los principales legados del autoritarismo del ayer: el uso del poder, no para servir sino para servirse.

Cuando en 1961, el pueblo dominicano salió a las calles, y después de meses, logró finalmente sacar a los Trujillo del poder y del país, no solo eran los crímenes y el terror lo que la gente buscaba desterrar, era sobre todo una forma específica de abusar del poder instituido, que durante décadas maltrató a la gente y la puso como servidores de sus gobernantes, cuando en teoría debería ser al revés: el gobernante obedece a la ciudadanía.

Lamentablemente, la interrumpida transición hacia una plena democracia, creó las condiciones para que una casta dirigente se distanciara de la gente y tomara lo político para si, dejando a la población civil con un poder reducido al de las urnas cada cuatro años, donde estructuras partidarias tradicionales mantienen control de quién es postulable y quien no, según su linaje o vínculo con élites políticas y económicas de la nación.

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El legado trujillista aun vive en la cultura política nacional. Lo vemos a diario en el uso de recursos públicos y vías oficiales para la autopromoción de funcionarios. El culto a la personalidad era utilizado por el dictador para elevarse a un sitial superior, desde el cual la gente tenía que pasar por una práctica casi religiosa de ruego o súplica para obtener migajas. ¿Qué ha dejado ese legado al pueblo dominicano? Grandes deudas sociales.

El pueblo lo sabe y lo manifestó en la calle durante el 2020, pero aún el cambio no sucede en la mentalidad de gran parte de la clase dirigente.

Hace falta combatir las formas no democráticas heredadas del trujillismo, y así volver a la idea de una auténtica democracia, donde el gobierno de la cosa pública responda al bienestar de la población, atendiendo en prioridad a los sectores históricamente despojados de riquezas y poder de participación en la toma de decisiones. Esas eran las expectativas a finales del 1961 y hasta el golpe de Estado de 1963.

Hoy, en la primera línea de esa educación cívica sobre democracia, deben estar los funcionarios públicos dominicanos, sobre todo los de alta jerarquía, porque son sus prácticas las que marcan la ruta por la que luego camina el resto de la sociedad. Apegados a privilegios, están desconectados de la población.