Para que un sistema democrático se consolide, requiere de la presencia activa de la sociedad civil, consideró Ramón Ventura Camejo, encargado de la Secretaría de Administración Pública.

En ese sentido, el funcionario planteó que el organismo que dirige mantiene una estrecha relación con entidades como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

Camejo hizo el planteamiento al responder preguntas sobre las fricciones que surgen entre los representantes del gobierno y la sociedad civil, sobre todo cuando se tratan temas relacionados a la transparencia.

Marcos Villamán, director del Consejo para la Reforma del Estado (CONARE), expresó que la relación entre el Estado y la sociedad civil siempre será tensa, pero es positiva.

Resolver la tensión es equivocado, porque cuando se está en la oposición se es muy cercano a la sociedad civil, pero cuando se está en el gobierno no, pero es normal que así sea.

Ese es el rol que le corresponde a cada quien, esa es la política, esa es la democracia, afirmó el funcionario.

En el contexto de la reforma constitucional que conoce la Asamblea Revisora, la sociedad civil ha criticado el accionar de la clase política con relación al tema del aborto, al libre acceso a las playas y a los recursos de inconstitucionalidad.

Con relación al gobierno, las críticas apuntan hacia la falta de transparencia y el supuesto incremento de la corrupción.

La clave

Ley de partidos

Marcos Villamán consideró que el proyecto de ley de partidos, que está pendiente de conocimiento por parte de la Cámara de Diputados, tiene aspectos que no le convienen a las entidades políticas, como es el caso de la tutela que en ellos ejercerá la Junta Central Electoral (JCE). A su juicio, los partidos deben crecer en capacidad política, por lo que la rectoría del organismo electoral debe ser temporal para que éstos puedan madurar.