Representantes del Poder Judicial, del  Ministerio  Público y  la Defensa Pública expusieron ayer las dificultades por las que atraviesan esas instituciones  claves del sistema de justicia y afirmaron que es  “apremiante” el incremento de sus presupuestos para el año   2013, a fin de que puedan ejercer   sus funciones como manda la ley.

Los magistrados Samuel Arias Arzeno,   Juan Cedano, y la doctora Laura Hernández expudieron la situación de sus respectivas instituciones durante una “Mesa redonda sobre Transparencia y Gobernabilidad  organizada por  la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

Estancamiento. Arias Arzeno, quien es    consejero del Poder Judicial, dijo que el presupuesto de esa institución se ha mantenido estancado desde el 2006, cuando era el 0.27% del Producto Interno Bruto (PIB) y se redujo  a 0.16% en  2011.

Indicó que en la actualidad  el PJ tiene una  estructura operativa  de 6,147 servidores judiciales, incluidos 700 jueces y más de 6,000 empleados administrativos; una nómina   de gatos que al 2011 fue de RD$2,178,695,158, equivalentes a un 65% de su presupuesto anual, y la asignación presupuestaria asciende a RD$3,806 millones (1.19%).

Resaltó  que en el país existe un juez por cada 14,000 habitantes y un empleado por cada 2,000; y que la provincia de Santo Domingo registra la menor cantidad de jueces por habitantes (1 por cada 45,000) y es la que mayor cantidad de casos penales recibe.

Cuántos  necesitan y para qué. Informó que para el 2013 el Poder Judicial ha solicitado un presupuesto de RD$7,783.5 millones, incluidos  RD$4,136.4 millones correspondientes a servicios de justicia para, entre otras cosas, poner en funcionamiento 101 tribunales creados por ley, mantener la sostenibilidad en el funcionamiento de la estructura judicial actual, mejorar las instalaciones físicas en varias provincias y diseñar e implementar proyectos de desarrollo institucional.

Una traba. De su lado,  Hernández, de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), afirmó que el Estado se ha constituido en una “traba” para la protección de los derechos ciudadanos, al no proveer los recursos necesarios para que esa entidad  pueda realizar su trabajo.

Refirió que a nueve años de creada, la ONDP no ha podido ser instalada en trece Distritos Judiciales del país, donde la prestación de asistencia de defensa pública está a cargo de  profesionales que no son de carrera.

Afirmó que con los RD$240,559,179.00 que le fueron aprobados en el 2012, se mantienen  con precariedad    los servicios de defensa en las   22 oficinas que funcionan en la actualidad.

 Sostuvo  que para hacer frente a la carga de trabajo existente se requiere  un mínimo de 300 defensores públicos  y solo tienen 164, lo que representa un defensor público por cada 67,073 habitantes.

“Las carencias económicas y el incremento de los casos que ingresan anualmente a la ONDP han provocado la reducción al mínimo de las visitas  de los defensores públicos a las cárceles y destacamentos como manda la ley”.

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Ministerio Público

El procurador adjunto Juan Cedano  afirmó que el presupuesto actual del Ministerio Público,   ascendente a RD$2,600 millones,   representa el 56% del total que debería asignársele por ley.

Finjus  advierte

El vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, llamó la atención de la sociedad sobre la importancia de que el sistema de justicia sea provisto de  los recursos que requiere el desenvolvimiento normal de sus funciones, y  la  efectividad  de su misión.