El principal organismo titulado para controlar los gastos de las instituciones y los funcionarios del Estado Dominicano, es la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD). Sin embargo, este organismo, otrora meticuloso en su proceder, ha caído en un letargo de inoperancia, que ha sido cuestionado por una ciudadanía cada día más interesada en que exista transparencia y honestidad en el manejo de los fondos públicos que aporta como impuestos.

Hemos observado cómo funcionarios públicos asalariados del presente Gobierno se han lanzado prematuramente a una campaña proselitista, la cual riñe con el cumplimiento de sus funciones en los ministerios y otras instituciones en las cuales están nombrados o laboran y a las cuales deben justificar el opulento salario que perciben, aportado por los indefensos contribuyentes, que observan con indignación como se esfuma vanamente el fruto de su trabajo.

Bajo el pretexto de que son recursos propios y aportados por amigos empresarios o comerciantes; estos, que ayer eran simplemente ciudadanos comunes –por no decir desarrapados– exhiben en la actualidad una bonanza que a todas luces no pueden justificar su procedencia. Solo hay que darle marcha atrás dos o tres lustros al calendario, para demostrarles qué lugar ocupaban en la sociedad, simplemente eran: Don Nadie.

Tenemos un caso de “protagonismo patológico” en la figura del presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Abel Martínez (por cierto no somos familia, por si acaso). Este inusitado legislador se las ingenió para que le produjeran un opúsculo al cual denominó: “La Constitución Dominicana Infantil”, elaborada según su parecer, para inculcarle a los niños desde su infancia, el amor a nuestra Carta Magna.

Los escenarios fueron varios en la República Dominicana, dilapidando enormes recursos para promover lo que él pensó era un paroxismo de patriotismo.

Con las presentaciones en las diferentes ciudades y pueblos del país, los gastos se fueron incrementado, ya que había que llevar reporteros, cámaras de televisión, maestros, animadores y la materia prima: los niños. Pero, no contento con presentaciones locales, tuvo el tupé de llevar este lastimoso espectáculo a niños de ascendencia dominicana en varias ciudades de los Estados Unidos de América. La copa se rebosó cuando la tragicomedia se trasladó a Italia y España. Contribuyentes, todo eso a sus expensas, con la anuencia y complicidad de los demás legisladores, o el silencio aquiescente de la Cámara de Cuentas que al parecer no pensó que esos dispendios eran una especie velada de “corrupción patriótica”, a menos que tuvieran la certeza, que los millones de pesos invertidos no pertenecían al Estado Dominicano.

El atrevimiento de este presidente de la Cámara de Diputados y su afán de figurar no fue saciado con la Constitución infantil. Ahora se destapa con un folleto o suelto de 24 páginas intitulado “Grandes Logros 2013”, en donde este adonis en el mismo opaca, no sólo a todos los componentes del hemiciclo, sino al Patricio Juan Pablo Duarte, quien apenas aparece en dos páginas finales, o en la portada detrás del lechuguino. Para no cargarle el dado, en nuestra ignorancia vamos a creer que el folletín de marras ha sido cubierto económicamente con fondos de su patrimonio, si lo hubiere.

Estos actos reñidos con la moral en el cual se dilapidan recursos en un país que debería estar sumido en una absoluta austeridad y que ha tenido que recurrir a un “paquetazo fiscal” para salir del foso económico en el cual se encuentra, deberían ser objeto de una minuciosa investigación de parte de nuestra Cámara de Cuentas, para que no sea catalogada como algunos la denominan: “Cámara de Cuentos”.

Creemos llegado el momento en que los ciudadanos conscientes de nuestro país, cuando ocurran situaciones como las que hemos descrito, se rebelen y reivindiquen, que los impuestos que pagan no sean utilizados ni para propaganda política partidista, ni tampoco para ensalzar a una o varias personas, que se creen designados por la Providencia, para ser sacados del anonimato en que se encontraban o para que los de arriba se aperciban de que ellos existen. Ante todo este derroche y gastos superfluos irritantes, la Cámara de Cuentas debe actuar, antes que los contribuyentes exijan que ese despilfarro de sus impuestos sean aplicados a los que incurren en los mismos; eso sí, de su salario o patrimonio.