El abogado Juárez Castillo Semán advirtió que los legisladores e “intermediarios” que incurran en incumplimiento del mandato del transitorio vigésimo de la Constitución propiciando un desorden institucional mediante la compra de una “reelección ilegítima” podrían hacerse pasibles de sanciones hasta de 20 años de reclusión por el delito de coalición de funcionarios.

Al presentar una ponencia en el segundo Foro Constitucional de la Fundación Prensa y Derecho en La Romana, Castillo Semán sostuvo que la propia Constitución en su artículo 146 establece la proscripción de la corrupción y el uso de fondos públicos en provecho personal de los funcionarios.

Adujo que esa disposición es sancionada con penas de 20 años de reclusión por el artículo 125 del Código Penal en el caso del que el crimen de la coalición de funcionario devenga en un daño social a las instituciones del país, como trastorno al sistema político democrático o al sistema económico.

“Si se intenta imponer una reelección comprada y eso causa un daño a la institucionalidad del país, sus responsables se hacen reos de coalición de funcionarios y podrían ser juzgados penalmente por violación a la Constitución”, dijo al participar en el panel junto al politólogo Freddy Ángel Castro y a los juristas Namphi Rodríguez y Juan Ávila Guílamo.

Adujo que, del mismo modo, esos funcionarios y legisladores se expondrían a ser juzgados por la Ley de Lavado de Activos debido al origen doloso de los fondos utilizados para una operación de compra de votos de congresistas.

“Una eventual trama de funcionarios para incumplir con la Constitución y la Ley, y además si media el soborno, el desfalco o lavado de activos, generaría concurso real de funcionarios y las infracciones que están previstas 123, 124, 125 y 177 del Código Penal”, puntualizó.

No cumplir la Constitución

Castillo Semán dijo que para no cumplir con la prohibición constitucional de la reelección un grupo de funcionarios parece estarse coaligando para producir una aparente reforma a la Constitución, cuando realmente es una violación de un mandato expreso consignado por el transitorio vigésimo.

“La Constitución no se modificaría pura y simplemente, sino que se incumpliría la prohibición directa de repostulación al presidente Medina, cuestión que fue pedida, propuesta y aceptada por él mismo”, agregó.

Deploró que se use el término de modificación constitucional para pretender disfrazar un insensato incumplimiento de la normativa constitucional y desconocer una prohibición de reelección que es expresa.

“Esa eventual trama persigue disfrazar una violación a la Constitución con el concurso real de coalición de funcionarios, soborno y otras graves infracciones, atentando contra el orden interno del Estado y desestabilizando el sistema político”, concluyó.