¿Falta gente o no hay confianza? Funcionarios que tienen 2 o más cargos en el Gobierno

A más de uno tomó por sorpresa esta semana, el nombramiento de forma interina, del coronel del Ejército Randolfo Rijo Gómez, como director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en sustitución de Hugo Beras, luego de que este último, solicitara una licencia administrativa, para no entorpecer las investigaciones sobre supuestas irregularidades a lo interno de la institución, como ha sucedido con otros funcionarios.

Esto, porque el alto oficial también es el director Ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, cargo que ahora asumirá de manera honorifica.

De inmediato se han abierto debates sobre la legalidad de estos movimientos, ya que la Constitución dominicana prohíbe que un funcionario ocupe dos cargos públicos remunerados a la vez, algo que no sucede en este caso.

Leer: Intrant: Cronología de un escándalo

El Artículo 144 de la Carta Magna establece lo siguiente: “Régimen de compensación. Ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar, de forma simultánea, más de un cargo remunerado, salvo la docencia. La ley establecerá las modalidades de compensación de las y los funcionarios y empleados del Estado, de acuerdo con los criterios de mérito y características de la prestación del servicio”.

Sin embargo, tanto Randolfo Rijo Gómez como otros funcionarios del gobierno, no entran en conflicto, debido a que sus demás funciones las realizan de manera honorifica y esto lo ampara, como lo establece el propio portal del Ministerio de Administración pública que reza de la siguiente manera.

“¿El servidor de carrera puede desempeñar otros puestos de forma provisional?”

“Sí; mediante los siguientes movimientos:

1- Licencia sin disfrute de salario en el cargo de carrera para ocupar cargos de Libre Nombramiento o Remoción y cargos de Confianza.
2- Y a través de Comisión de Servicios para ocupar cargos vacantes en otro órgano o entidad distinto al que se encuentra adscrito.

Ambos movimientos de los servidores de carrera deben estar avalados por el Ministerio de Administración Pública”.

Otros funcionarios con duplicidad de responsabilidades

Es bajo este amparo que la actual gestión gubernamental tiene funcionarios con varias responsabilidades, como la misma vicepresidenta de la República Raquel Peña, quien también es jefa del Gabinete de Salud, cargo que desempeña sin disfrute de sueldo, al igual de los demás integrantes, todos, ministros o directores.

Pero más allá de lo permitido por la ley, está el factor de asumir al 100% las responsabilidades, ya que el descuido de algunas de ellas puede provocar hechos negativos, como los ya registrados.

Esta falta se vio reflejada tras el asesinato del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera en las mismas instalaciones de la cartera, lo que trajo a relucir el descuido de la seguridad, ya que su verdugo,  Miguel Cruz de la Mota (hoy condenado a 30 años), logró salir sin contratiempos de la institución, pese a propinarle varios disparos a su víctima.

En ese momento, el encargado de la seguridad era el coronel del Ejército Wascal A. Montilla Almánzar, quien no estaba en el lugar debido a que, además de sus responsabilidades en Medio Ambiente, se desempeñaba como director de la Escuela Militar Batallas de las Carreras, además de sub director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), cuerpo especializado del Ministerio de Defensa.

Lo cierto es que por falta personal o por desconfianza, el presidente Luis Abinader ha decidido delegar funciones dobles a algunos funcionarios, evitando, en la mayoría de los casos, de aplacar escándalos, como los generados recientemente en el INTRANT.

Se recuerda que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) se encuentra envuelto en un escandalo «de corrupción administrativa», desatado después de conocerse la suspensión del contrato que suscribió con Transcore Latam, S.R.L, dispuesta por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

El convenio, con un valor de RD$1,317 millones 350 mil 997, se habría realizado con el fin de mejorar el centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo.