POR GERMAN MARTE
Los funcionarios que al 21 de agosto no hayan hecho sus declaraciones juradas de bienes no cobrarán el salario correspondiente a este mes, advirtió ayer la coordinadora General del Programa de Reforma y Modernización del Poder Ejecutivo, Yokasta Guzmán, quien señaló que así lo establece un decreto del presidente de la República.

Dijo que en lo adelante, las nóminas del Estado se procesarán a través de un sistema interconectado con las asignaciones presupuestarias de todas las secretarías, y aquellos funcionarios que no estén dentro de la estructura diseñada por la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) «no va a poder cobrar».

Indicó que a partir de ahora habrá un sólo expediente por empleado, donde aparecerá desglosado el salario de cada servidor, y eso permitirá aplicar la norma a todo funcionario de determinada categoría.

Guzmán hizo la advertencia al participar en el Almuerzo Semanal de los Medios de Comunicación del Grupo Corripio, encuentro al que asistió en compañía de Ramón Ventura Camejo, director de la Oficina Nacional de Administración de Personal (ONAP), Roberto Obando Prestol, del Instituto Nacional de Administración Pública y Julio Sánchez Maríñez, coordinador técnico de Pro-Reforma.

«El sistema de declaración (de bienes) ya está funcionando, y es obligatorio cumplirlo hasta el 21 de este mes, el que no cumpla para esa fecha, el mismo decreto establece que se le va a retener su salario», recalcó la funcionaria.

El director de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, José Joaquín Bidó Medina, denunció recientemente que la gran mayoría de los funcionarios del Estado estaba renuente a hacer sus declaraciones juradas de bienes.

A propósito, Guzmán indicó que Pro-Reforma trabaja en coordinación con la Procuraduría General de la República, la institución competente para velar porque los funcionarios cumplan con la declaración jurada de bienes.

La doctora Guzmán recordó que desde el año pasado se inauguró el sistema de declaración jurada usando la tecnología de la información, para que los funcionarios públicos puedan hacerlo aprovechando las nuevas tecnologías.

La idea es que haya una interface entre el sistema de administración de servidores públicos, el sistema de declaración jurada y la Dirección General de Impuestos Internos para hacer un cruce de información, con el objetivo de que a aquellos funcionarios que no cumplan con la declaración jurada se les retengan sus salarios, explicó la funcionaria.

De este modo, añadió, la decisión de pagarle o no a un funcionario no dependerá de la decisión de una secretaría, sino que el propio sistema va a implementar la normativa, y si no hay declaración jurada, no habrá pago.

Guzmán adujo que así se les resuelve un gran problema a los políticos, porque como tales les es muy difícil decirle a un funcionario que no le van a pagar, «pero a partir de ahora se le podrá echar la culpa al sistema».

Recordó que hay un decreto que obliga a los funcionarios públicos que no habían cumplido con la declaración jurada vía el sistema que instaló la Procuraduría, ha hacerla, y a aquellos que ya la habían hecho a rehacerla a través del sistema de administración de servidores públicos. Esto permitirá ganar tiempo y  fortalecer la parte de auditoria para verificar la información ofrecida por los funcionarios, y hacer las investigaciones de lugar si es preciso.

El sistema, explicó Guzmán, también permitirá al público acceder a una parte de la información, de modo que la ciudadanía sepa cuál era la situación económica de una persona al asumir un cargo en el gobierno y cuál es su condición al salir de la posición.

Observó que si bien es un proceso tortuoso, se avanza hacia la transparencia, «no con la velocidad que muchos quisiéramos, pero se están dando los pasos para eso y se están estableciendo las herramientas para que ocurra».

PUESTO POR CONCURSO

En otro orden, el director de la ONAP, Ramón Ventura Camejo, afirmó que para ocupar un puesto de carrera en la administración pública será preciso participar en un concurso. De esa manera, el funcionario descartó que los nombramientos en el gobierno se hagan atendiendo a recomendaciones del partido en el poder.

Ventura Camejo sostuvo que en el gobierno central ya no se nombra a nadie que no haya ganado un concurso, aunque no descartó que aún ocurra en las instituciones descentralizadas y autónomas.

Precisó que hay tres órganos que están vigilando para que se cumpla con este procedimiento: la Contraloría General de la República, ONAP y la Oficina Nacional de Presupuesto.

Explicó que lo más que se puede hacer es un contrato por un tiempo determinado (seis meses), que no hace otra cosa que aplazar el concurso, no eliminarlo.