La Fundación Moscoso Puello, que desde hace 30 años trabaja en el Parque Nacional Valle Nuevo, en Constanza, estimó que más de 140,000 tareas de bosques nublados y pinos han sido arrasadas en los últimos años solo en la vertiente norte de esta área protegida.

Apuntó que a esto se suman las 130,000 tareas devastadas producto de incendios forestales derivados de actividades agrícolas que realizan ocupantes ilegales a la vista de todos.

Los bosques han sido eliminados para dar paso a ganadería y agricultura no sostenibles en zonas de montaña. La fundación denunció que los daños abarcan a fuentes de agua que son secuestradas desde su nacimiento para regar tierras hasta ocho kilómetros, lo cual se puede verificar en los arroyos Tireo, Blanco, Tapao y río Grande, inversiones millonarias que solo pueden hacer grandes agricultores, apuntó.
Indicó que otro de los problemas que afectan son los residuos sólidos dispersos en el parque, así como oleosos a partir de combustibles que usan algunas estaciones de comunicación establecidas sus antenas en la zona.

Sin frenos. La fundación deploró que el Ministerio de Medio Ambiente no haya puesto freno a este crimen ecológico que atenta contra la provisión de agua para consumo humano, actividades agropecuarias, comerciales, industriales y turísticas.

Señala que al parecer a las autoridades no les importa el hecho de que desde Valle Nuevo se nutren los caudales de los ríos Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna, Nizao, Blanco, Tireo, Grande, Blanco y Las Cuevas, así como otros.

Estos ríos a su vez alimentan las presas e hidroeléctricas de Sabana Yegua, Hatillo, Jigüey, Aguacate, Valdesia, Blanco, Tireo, Pinalito, Tireíto y Arroyín, así como los acueductos de Santo Domingo, San Cristóbal, Baní, Villa Altagracia, Bonao, Rancho Arriba y Constanza.

Además a los sistemas de irrigación Marcos A. Cabral y Yuna-Caracol, indispensables para la seguridad alimentaria nacional.

Afirma que este deterioro del área protegida se ha debido al afán de lucro de grandes terratenientes, junto a la inercia y complicidad de autoridades. «Parecería que estas obras esenciales para la existencia de nuestra nación no son para las autoridades competentes de tal importancia como para permitir este estado catastrófico en que se encuentran, producido por el afán desmedido de lucho asociado a la inercia, pasividad gubernamental que raya en la complicidad”, indica la fundación en un documento firmado por su secretario Andrés Ferrer.

Problema social. La entidad estima que tal estado de cosas resulta beneficioso para quienes ostentan la propiedad titular de cientos de miles de tareas, pues el Estado tiene ahora un problema que no solo involucra a dos o tres familias de terratenientes, sino a miles de ocupantes ilegales, que liderados por miembros de esos núcleos, representan un problema social de difícil solución.

Apuntó que a esto se suma que la mayoría de los jornaleros que trabajan en las grandes propiedades son haitianos ilegales que trabajan prácticamente en condición de esclavitud, sin seguro social y en espacios infrahumanos.

Solución. Según Ferrer, como primera solución el Estado debe suspender toda actividad agrícola y ganadera y compensar a los ocupantes como única forma de iniciar la recuperación del parque y con ello las fuentes de agua.
Aval
La Fundación Moscoso Puello es una entidad sin fines de lucro que lleva más de 30 años de labores ininterrumpidas en la cordillera Central. Ha sido la responsable de realizar las evaluaciones ecológicas y planes de conservación en los parques nacionales Armando Bermúdez y Valle Nuevo. Incluso fueron responsables de la propuesta hecha en 1994 para delimitación de este último y que fue acogido en el decreto 233-96 que creó definitivamente esa área protegida que tiene 910 kilómetros cuadrados. La entidad felicitó al periódico Hoy por hacerse eco del problema ambiental.