La Fundación Sociedad en Desarrollo Provincia Santo Domingo (FSDPSD) exigió ayer a la Dirección General de Aduanas la entrega de un contenedor con 136 pacas de ropas usadas, retenidas por esa institución. 

Las ropas serían entregadas a la gente del Bajo Yuna y otras víctimas de las recientes inundaciones y deslizamientos de tierras, informó el presidente de la organización no gubernamental (ONG), José Rafael Mejía.

Aseguró que Aduanas no le quiere entregar las mercancías, bajo el alegato de que existen nuevas “normas” en ese organismo que impiden entrar ropas usadas al país, porque podrían ser portadoras de algunas enfermedades.

Asimismo, denunció que  Aduanas violó la ley 122-05, que rige a las asociaciones sin fines de lucro, cuando cobró a FSDPSD la cantidad de RD$443, 088 en impuestos, tras retirar 48 cajas de ropas de otro contenedor.

Mejía aclaró que el furgón que el organismo no quiere ceder fue donado por empresarios estadounidenses, con el propósito de que la ONG entregara la ropa a la gente del Bajo Yuna, así como a los que perdieron todo por los derrumbes en Tamboril, Santiago.

“Nos mantienen retenidas ilegalmente 33 pacas de ropas, por lo que presumimos que esa mercancías han sido utilizadas en diferentes actividades, que buscan favorecer el clientelismo político”, dijo.

El presidente de la entidad precisó que la donación llegó al país el día 4 de enero pasado, en el contenedor TPHU6579169, por el Puerto Multimodal Caucedo.

Afirmó que la ley 122-05 le da el derecho a las ONG de importar mercancías y equipos libres de impuestos.

Mejía hizo un llamado al presidente Leonel Fernández y al Congreso Nacional, para que ordenen a Aduanas dar cumplimiento a la ley 122-05 y sus artículos 50 y 51, que establecen una exención general de todos los tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales para las organizaciones sin fines de lucro.

“Nosotros somos un organismo que nació en el 2004 y desde entonces no habíamos enfrentado ningún inconveniente de esta naturaleza”, aseguró Mejía.

En tal sentido, propuso la creación de un “frente de defensa” compuesto por las asociaciones sin fines de lucro que también son afectadas por esta clase de atropellos.