La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) pidió hoy respetar y acatar la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC), en razón de que se trata de la única entidad estatal facultada para dictar sentencias con valor vinculante para todos los poderes públicos.

Estas declaraciones fueron dadas por Trajano Vidal Potentini, durante una rueda de prensa que ofreció para fijar posición acerca de la sentencia del TC que fija y aclara los criterios para acceder a la nacionalidad dominicana.

El presidente de Justicia y Transparencia, dijo que no es momento de rasgarse las vestiduras y que independientemente del acuerdo o desacuerdo que se tenga con la sentencia, lo cierto es que hay que respetar y preservar la institucionalidad del país.

En tal sentido, precisó que es oportuno el avocarse conforme a los dictados de la sentencia, a procurar y viabilizar los correctivos que permitan garantizar y reconocer los Derechos Humanos de los dominicanos y extranjeros, concretando un plan nacional de regularización que permita una solución satisfactoria para todos los involucrados.

Considera situación como drama humano. Tras reconocer el drama humano que supone corregir el problema migratorio de la República Dominicana, con profundos vicios y una marcada desatención por parte del Estado durante décadas, propuso modificar y habilitar de urgencia la ley 1683 sobre naturalización, para dar repuesta de manera focalizada a los miles de casos de personas que han sembrado raíces por décadas en el país.

Rechazó la posibilidad de una ley de amnistía para resolver el problema de las personas que quedan con documentos cuestionados al tenor de las disposiciones del Tribunal Constitucional.

Someterá proyecto de ley. Asimismo, informó que trabaja en la elaboración de un anteproyecto de ley para ser depositado la próxima semana en el Congreso Nacional, contentivo de la modificación de la ley número 1683 sobre naturalización del 16 de abril de 1948, a los fines de flexibilizar los requisitos y procedimientos necesarios para obtener la nacionalidad por la vía de la naturalización ordinaria, y sin ningún costo, para quienes apliquen en el marco de la nueva realidad constitucional al amparo de la sentencia referida.

Parámetros de la modificación. La modificación incluiría una mención expresa sobre su alcance y ámbito de competencia referido exclusivamente para el periodo y los casos enmarcados en la vigencia del plan nacional de regularización, involucrando con parámetros claramente definidos a las autoridades responsables de ejecutar dicho plan (Poder Ejecutivo, (Ministerio de Interior y Policía, Dirección General de Migración, Junta Central Electoral y Tribunales de la República, estos últimos para casos muy puntuales y excepcionales), siempre trabajando en estrecha colaboración y coordinación.