POR ALEIDA PLASENCIA
La Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM) abogó porque el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) dicte una resolución que fije el precio del servicio de teléfonos públicos.

En ese sentido, argumentó que éste es un servicios de gran interés público. Con dicha regulación, según FUNDECOM, el INDOTEL se estaría acogiendo a lo que establece el artículo 39 de la Ley 153-98. FUNDECOM hace el pedido en un documento en el que se queja de «la forma irregular en que la empresa VERIZON DOMINICANA (antigua CODETEL) produce incrementos en los precios de los servicios telefónicos que brinda, lo que se comprueba con la aplicación de un aumento de entre dos y cinco pesos en el costo de las llamadas desde teléfonos públicos, a partir del viernes cinco de agosto de 2004».

Resalta que VERIZON tomó la medida «sin que mediara la más mínima explicación a la opinión pública y sin publicar las causas de ese aumento, ya que el mismo parece ser un adelanto al proyecto de reforma fiscal que conoce la Cámara de Diputados, en el que se le impondría un impuesto a los servicios telefónicos, que en ningún caso equivaldría al 150% de su pago actual, que es el porcentaje aumentado a este segmento de sus servicios».

Entiende FUNDECOM que el INDOTEL debe tomar medidas al respecto partiendo de que lo que establece el tercer considerando de la ley 153-98, de fecha 28 de mayo de 1998, sobre telecomunicaciones. El citado considerando dice que el servicio debe ser dado en forma eficiente, moderna y a costo razonable, así como en base al principio de transparencia, que establece que los usuarios deberán tener conocimiento previo de todas y cada una de las condiciones técnicas y económicas relacionadas con sus prestaciones.

Expresó FUNDECOM que la dirección general de INDOTEL debe acogerse a lo que establece el artículo tres también, sobre los objetivos de la ley, en su letra a, que señala  que deberá garantizarse un servicio mínimo y eficaz de telefonía, a precios asequibles. Esto es mediante el funcionamiento de los mercados y la utilización de los mecanismos previstos por la ley, señala.

En cambio, según FUNDECOM, resulta que este nuevo aumento en el precio de un servicio público que utilizan en mayor medida los sectores medios y bajos de la población, viola el precepto constitucional de publicidad, puesto que se puso en vigencia con un simple aviso informal a los medios de comunicación.