La Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom), saludó la decisión del Senado de la República de investigar los contratos suscritos con las empresas de generación y distribución de energía, puesto que el país se encuentra acorralado por un grupo de empresas que se sostienen en base a subsidios que paga la población y de cláusulas ilegales surgidas del Acuerdo de Madrid, que deberán ser anuladas.

Fundecom recordó que, desde que se firmó el Acuerdo de Madrid, denunció que el mismo era ilegal, puesto que al dos  de agosto de 2001, fecha de su firma, ya estaba en vigor la ley 125-01, General de Electricidad en todo el territorio nacional, desde el 29 de julio de 2001, por lo que todo acuerdo que le fuera contraria devenía en nulo de pleno derecho, como lo fue extenderles los contratos vencidos o por vencer a las empresas del sector.

Destacó que en esa extensión, por unos diez años más, también de manera ilegal, el sector  concertó y amarró el cálculo de la tarifa a una fórmula matemática tan perjudicial que incluyó una distorsión en el factor combustible, de tal manera que mientras más suban los precios del petróleo en el mercado internacional, más ganan las empresas de generación eléctrica, en detrimento de la población usuaria del servicio.

  Para la institución de defensa de los derechos de consumidores y usuarios, ninguna de las empresas de generación y distribución que firmaron el Acuerdo de Madrid tienen derechos adquiridos, por lo que se deben negociar nuevos contratos sin peligro de que se altere la seguridad jurídica de nadie, puesto que la ilegalidad no puede generar derechos.

  Fundecom llamó a la población dominicana a estar atenta al desenlace de este nuevo episodio que atañe al sector eléctrico, cuya crisis es fruto del no cumplimiento de la ley 125-01, en especial sus artículos 93, párrafo II, que obliga a las distribuidoras a compensar a los usuarios con el 150 por ciento del costo de cada hora de apagón.

También destacó que se está violando el articulo 110, que obliga a licitar públicamente la compra de energía eléctrica de parte de distribuidoras a generadoras, para comprarle al que más barato venda, lo que debe organizar y supervisar la Superintendencia de Electricidad.