El presidente de la Fundación Democracia y Libre Empresa, Inc. (Fundalibre), Miguel Guerrero, dijo hoy que el impuesto del 1% a los activos de la banca comercial propuesto esta semana por el presidente Fernández al Congreso, dentro de un “paquetazo” de cargas tributarias, es la amenaza más grave a la estabilidad del sistema financiero desde la crisis del sector del año 2003.

“Todos los esfuerzos y medidas prudenciales adoptadas desde entonces para garantizar la tranquilidad de los bancos y todo el régimen financiero se vendrían abajo si llegara a aplicarse este impuesto, concebido para llenar el déficit provocado por un gasto público creciente, a despecho de las repetidas promesas de recorte hechas por el gobierno, incluso ante la augusta Asamblea Nacional en ocasión de la fecha de independencia”, dijo.

Guerrero indicó que este impuesto “podría tragarse hasta el 45% de las utilidades de un banco, lo que provocaría inestabilidad cambiaria, aumento desorbitado de las tasas de interés, huida de capitales y convulsiones sociales”.

Según el presidente de FUNDALIBRE, “una institución bancaria bien administrada con activos superiores a los 150 mil millones de pesos, como es el caso de algunos bancos, incluyendo el de Reservas, propiedad del Estado, se vería obligada a pagar sólo por ese concepto más de mil quinientos millones de pesos, reduciendo dramática y peligrosamente sus utilidades”.

Agregó que de aprobarse, este gravamen encarecería el precio del dinero “con efectos destructivos para las familias y todos los sectores productivos, lo que podría repercutir en una oleada de despidos en muchas empresas que hoy funcionan con precariedad a consecuencia de las tantas y onerosas cargas que ya sobrellevan. Si lo que se pretende con ello es erosionar el clima de negocios y arruinar la economía, sólo para llenar las ineficiencias de un gobierno casado con el boato y renuente a someterse a los estrictos regímenes de austeridad que demandan las circunstancias, acaban de encontrar las mejores y más efectivas fórmulas para lograrlo”.

Guerrero sostuvo que la compensación que pudiera hacer la banca para mitigar el efecto de un impuesto como el propuesto por el Presidente de la República “sólo sería aplicable a su cartera de créditos, vía un aumento de la tasa de interés, pues en la cartera de inversiones y las disponibilidades, que son los otros activos gravables, eso no sería posible”.

Por tal razón, el impuesto “llevaría toda la carga a la cartera de créditos, cuyas tasas tendrían que elevarse  a niveles muy elevados, lo que al afectar a sus clientes aumentaría el riesgo de impago de los empréstitos”, señala la declaración de Fundalibre.

El impuesto afectaría también, advirtió Guerrero, el dinamismo que experimenta el mercado de valores con transacciones de bonos y documentos de valores emitidos por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda se verían igualmente afectados, puesto que en la misma medida en que los bancos comerciales adquieran más papeles de deuda del Gobierno, deberán elevar más los intereses activos de los préstamos y asumir los riesgos que esto implica.

Si esto llegara a suceder, los bancos optarían por no financiar más al Gobierno, desalentando el desarrollo de un mercado en plena expansión.

Guerrero dijo que las cifras dan cuenta de lo “irracional de la penalización que resulta esta propuesta impositiva”, ya que si se tomara como base los activos financieros al cierra de abril de este año, el monto del impuesto a pagar por la banca múltiple sería de 6,600 millones de pesos, lo que equivale a 2.2 veces el impuesto sobre la renta pagado por la banca el año pasado.