La implementación de un Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial que involucre a todos los trabajadores de la salud mental del Servicio Nacional de Salud será la prueba contundente de la real intención y el compromiso de las autoridades con el desarrollo del nuevo modelo que plantea la prevención como uno de sus principios fundamentales.

Es el criterio del el doctor José Mieses Michel, siquiatra, presidente de la Fundación en Apoyo a las Personas con Enfermedad Mental (Fundapem), para quien la recuperación de las funciones sociales y laborales de las personas con discapacidad psiquiátrica causada por enfermedades mentales graves es la meta final, el gran desafío del tratamiento de esas patologías.

Esto requiere de una amplia red de programas y servicios, un plan nacional de rehabilitación psicosocial y laboral diseñado para responder con eficacia a las necesidades de los pacientes y de sus familias, indica el siquiatra y prosigue:

“Urge, sin demora, la conformación de esa red con centros comunitarios y clubes psicosociales, la organización de una atención integral que proteja los derechos de las personas con trastornos mentales graves para que puedan recibir una atención temprana, identificar los síntomas iniciales de la enfermedad mental, dominar los procedimientos establecidos.

Dar los primeros auxilios ante una crisis siquiátrica. y, si fuera necesario, remitir al paciente a un equipo especializado y garantizar la supervisión del enfermo para evitar que abandone el tratamiento”, explica Mieses Michel, ex director del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública.

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Esa recuperación psicosocial explica tiene dos caras, una dirigida a la persona afectada, entrenarla en una serie de habilidades, en sus hábitos y conducta, y la otra orientada a educar a la sociedad, liberarla de prejuicios, y en primer lugar a la familia, enseñándole a convivir con el pariente enfermo.

Lograrlo exige un nuevo enfoque, un cambio de paradigma, el esfuerzo conjunto de varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales coordinadas por Salud Pública, en los que también deberían involucrarse los ministerios de Trabajo, Educación, el Gabinete Social, los ayuntamientos, la comunidad.

Centros comunitarios

En este modelo por el que aboga Fundapem, el proceso de rehabilitación sicosocial debe regirse por una atención implementada en centros ubicados en el entorno natural del paciente para facilitar su acceso a la atención oportuna y el seguimiento, con un personal entrenado, entre cuyos componentes están los clubes psicosociales, como los creados por esa institución.

En RDs tendríamos que abrir tres tipos de centros comunitarios de salud mental coordinados entre sí, que funcionen en todas las provincias, servidos por un equipo multidisciplinario, siquiatras, sicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, técnicos en rehabilitación, educadores, seis disciplinas con las que se conformaría un equipo bien unificado que se transmitan sus saberes, dice el siquiatra y agrega:

Se aplican intervenciones de rehabilitación sicosocial basadas en la evidencia científica conducidas por profesionales entrenados, con las que se procura la recuperación de las facultades cognitivas, las habilidades sociales, laborales, de recreación, enseñarles de nuevo a trabajar, a convivir en sociedad.

El Centro Comunitario de Salud Mental hace el diagnóstico comunitario, le da respuesta a los problemas de salud mental que detecten en la comunidad, la cual es el foco de atención, adonde acuden el siquiatra, el sicólogo, todo el equipo, a hacer esa exploración.

Se crearía, a la vez, el Centro de Día, un espacio de acogida, ya que la persona con deterioro psicosocial precisa más que diagnóstico y tratamiento, necesita un lugar de entrenamiento donde se le enseñen labores rudimentarias de poca complejidad.

Los que hayan pasado por ese centro van al Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral, donde se le capacita, entrenándolos en una actividad laboral con seguimiento para que pueda insertarse al trabajo.

La red debe completarse con viviendas tuteladas para quienes carecen de apoyo familiar, así como programas que garanticen el medicamento.

La ley de Salud Mental, 12-06 es clara, dispone que esos centros estén en la comunidad. Además, las normas de salud mental del Departamento de Salud Mental de Salud Pública precisan que debe haber uno por cada población de más de 100 mil habitantes, indica Mieses Michel y prosigue.

Son centros 24/7, cercanos a la gente, viendo, conviviendo con su situación. Y, digamos por condescendencia que en aquellos lugares donde por el momento no sea posible tener uno, por lo menos haya equipos itinerantes a los que el enfermo tenga acceso.

La rehabilitación incluye la educación familiar, debido a que hay ambientes familiares de alta criticidad, lo que se llama una alta emoción expresada, donde continuamente se critica a la persona enferma, se le trata con hostilidad, donde hay maltrato físico, verbal, violencia sicológica. La sobre involucración familiar, como el abandono, resultan s altamente dañinas para la recuperación.

Además, es necesario educar a la sociedad, en la que están implicadas las empresas, porque el objetivo es lograr que la persona llegue a rehabilitarse socialmente, pueda trabajar. Concienciarlas para que los centros laborales privados, los ayuntamientos y las instituciones del estado sean capaces de asimilar a esas personas en los trabajos.

La Ley 5-13 protege la discapacidad física, mental y siquiátrica dispone que las instituciones públicas conserven el 5% de su nómina laboral para personas con discapacidad, y las empresas privadas un 3%.

Merecemos una sociedad inclusiva, solidaria, respetuosa de sus leyes enfatiza Mieses Michel_, y esa legislación, la Constitución y normas de Salud Mental no deben seguir siendo desdeñadas, ignoradas.

Urge su cumplimiento

Las leyes dominicanas ordenan la organización de los servicios de salud mental y rehabilitación siquiátrica. El artículo 44 de la Ley 12-06 de Salud Mental dispone lo siguiente: Se desarrollarán los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios para una adecuada atención integral de los problemas de las personas con discapacidad mental, buscando la necesaria coordinación con los servicios sociales y sociosanitarios.

El artículo 89 de la Ley General de Salud, 42-01, dice: Se deberán potenciar todas las acciones que garanticen la pro visión de rehabilitación para una adecuada atención de las personas con enfermedades mentales y/o trastornos de la conducta.

No se cumplen tampoco las recomendaciones de rehabilitación siquiátrica que en ocasión del cierre del Hospital Psiquiátrico Padre Billini hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS).