La Fundación Fundepro, a través de su presidente, un profesional experto en titulación de tierras, hizo tres propuestas para poner coto a lo que se ha vuelto la crisis más profunda de la economía dominicana en los últimos años.

Para todos es un hecho que la actual crisis ha puesto a pensar a mucha gente, no tanto sobre las repercusiones en sí de la propia crisis, como de las necesarias salidas que las autoridades deben buscarle a un no tan grato problema como lo es el del déficit cuasifiscal del Banco Central.

La preocupación viene dada porque en cualquier momento, como dijera un funcionario de la propia institución monetaria, tal déficit que «crece como una bola de nieve», puede venirse cuesta abajo llevándose de por medio a todo lo que aún queda en pie de nuestra economía.

Propuestas vienen y van de economistas, pero casi todas coinciden en la necesidad de procurar un financiamiento en divisas en el extranjero, para proceder a hacer frente al problema.

Debido a que el gobierno posee una gran cantidad de propiedades y extensiones de terrenos en diferentes regiones del país, muchas de ellas de alta vocación turística, así como diversos parques de zonas francas, la Fundación Pro Defensa del Derecho de Propiedad (Fundepro), extendió una propuesta a las autoridades para buscar una salida a la situación.

En tal sentido, el presidente de Fundepro, ingeniero Santiago Moquete, ha propuesto tres escenarios para buscar una salida que involucre las ventas o transacción de las diversas propiedades que posee el Estado en el país.

Para ejecutar este proyecto, es preciso crear una unidad ejecutora para llevar a cabo el proyecto de convertir los títulos depositantes en el Banco Central, en créditos a largo plazo o que opere en cualquier institución que se pudiere crear para el manejo de los inmuebles del Estado. La unidad ejecutora deberá establecer todas las coordinaciones necesarias con las demás instituciones del Estado, así como con el sistema bancario nacional, además del Tribunal Superior de Tierras, para ejecutar el programa en forma ágil.

[b]Los activos[/b]

Según Fundepro, para liberalizar la carga que el déficit cuasifiscal representa para el fisco, es preciso buscar «opciones de capitalización de activos pertenecientes al Estado Dominicano», o que el Estado pueda negociar con determinadas ventajas que sirvan de soporte o redención de los Certificados de Participación del Banco Central.

Figuran entre esos valores, una parte de la propiedad pública de bienes inmuebles en manos de particulares que tienen inversiones que necesitan reivindicar, para lo cual se verían favorecidos con la titulación para permitirles constituirse en un bien como garantía de crédito.

Igualmente, se cuenta con tierras turísticas de alto valor que pueden ser vendidas a inversionistas extranjeros o locales, así como con los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) que aún siguen operando.

[b]Escenario I: Transferir tierras al BC[/b]

En un primer escenario, Fundepro estima que el Estado posee millones de metros cuadrados de terrenos urbanos en que particulares han invertido en construcciones de casas, talleres, fábricas y otros negocios, con usufructo irregular de los inmuebles y sin la debida documentación de propiedad.

Sólo en los barrios ocupan, sin títulos, con inmuebles ocupados e inversiones realizadas, el 85% de los activos totales de las familias «y de ese total, las tierras sólo alcanzan entre el 15 al 20% del valor total de la propiedad».

«Un primer paso -explica Fundepro-, sería pasar esos títulos al Banco Central de la República, para que sean el aval de una operación de conversión de las ocupaciones en créditos de largo plazo».

Cada ocupante deberá pagar de acuerdo a sus posibilidades económicas, con un horizonte de hasta 20 años para hacerlo efectivo y reivindicar los derechos sobre sus inversiones.

Informaciones del Banco Mundial revelan que en el área metropolitana y su casco urbano, el 65% de soluciones habitacionales en terreno privado y del gobierno, el Estado posee tierras urbanas por valor de RD$500,000 millones.

Estima que el Estado podría deducir hasta el 60% a favor del ocupante, lo cual aportaría un 30%, permitiéndole liquidar unos RD$150,000 millones, «suficientes para generar los recursos para pagar los Certificados de Participación del Banco Central» y los intereses generados hasta el momento de iniciar la ejecución de dicha operación. ALa operación no debe durar más de dos años para su total puesta en marcha@, agrega.

En un período de tres meses se puede llevar a cabo el levantamiento catastral y el avalúo, contando con los recursos para su completa ejecución.

[b]Escenario II: Deuda a largo plazo[/b]

En otro planteamiento, la Fundepro considera que las autoridades pueden crear las condiciones para un préstamo en dólares que acorte el período de redención de los Certificados de Participación.

En vista de que la venta de los activos o su conversión en créditos a largo plazo es lento, «debemos llevar un proceso de saneamiento y valoración de estos activos, para utilizarlos como garantía en la gestión de un préstamo de largo plazo y a muy baja tasa de interés, con el cual pagar los certificados en dólares, a fin de que no circulen pesos que salgan a buscar divisas y presionen la tasa de cambio al alza».

Para ello negociaría con el BID, el Banco Mundial, la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, teniendo como garantías los títulos de las tierras del Estado, los ingenios del CEA, los parques de zonas francas y las tierras turísticas.

«El problema del repago del préstamo internacional en dólares, estaría resuelto por medio de los créditos a largo plazo que resultan de la negociación de las tierras del Estado con los ocupantes, convertidas en créditos de largo plazo por medio del sistema bancario y por la negociación de los otros activos del Estado», sostiene.

[b]Tercer escenario: Bonos[/b]

Otra alternativa a considerar, en caso de no obtener un préstamo que permita redimir los Certificados, sería una emisión de bonos a una tasa de interés que pueda permitir al Banco Central, con las garantías de títulos depositadas en las bóvedas, proceder a pagar los certificados con este instrumento, a una tasa de interés que sea considerada adecuada para no distorsionar la economía.

Los bonos serían sorteados cada mes, en la medida en que se reciban los pagos que los acreedores de las tierras hagan por medio del sistema bancario nacional o en la medida en que la banca asuma las hipotecas y paguen al Banco Central el precio convenido con el ocupante ilegal por las tierras que ocupa.

También, en la medida en que los que ganen los concursos de compra de las tierras turísticas, los ingenios y las zonas francas, paguen sus acreencias.