La Fundación de Pacientes con Hepatitis B y C y otras Enfermedades Inmunológicas en la República Dominicana (Funpaheinm) aclaró este sábado que el tratamiento contra la hepatitis C está siendo distribuido de manera normal por el Programa de Medicamentos de Alto Costo y Ayuda Médica, del Ministerio de Salud Pública.
«El problema es el tratamiento de hepatitis B, el cual exigimos también sea asumido por el programa», pidió Luisa Paradas, presidente de Funpaheinm, quien además solicitó que las ARS incluyan los tratamientos en sus coberturas, como le había dicho a la periodista Olga Vergés, del periódico Hoy.
Paradas explicó a la reportera que, pese a que los tratamientos para el virus de la hepatitis B y C son bajos en comparación con otras enfermedades, no todos los pacientes tienen los recursos para costearlos.
Reiteró que, las autoridades de salud deben divulgar más información sobre la necesidad de realizar pruebas de hepatitis, para identificar las personas infectadas, a través de jornadas de detección de hepatitis.
Más letal que la malaria
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, para evitar nuevas infecciones y muertes por hepatitis B y C, facilitar el acceso al tratamiento para todas las mujeres embarazadas que viven con hepatitis B, o suministrar vacunas contra esta enfermedad para los recién nacidos.
Fija además como objetivos deseables el diagnosticar al 90 % de personas que viven con hepatitis B y C, así como garantizar el tratamiento al 80 % de las personas diagnosticadas.
En el caso de la hepatitis B, la transmisión de madre a hijo durante el embarazo es la más habitual y se produce fundamentalmente en la región del Pacífico Occidental, África y el Sudeste Asiático, donde la detección en mujeres embarazadas mediante la prueba de la hepatitis B es clave para frenar la transmisión.
No obstante, un nuevo informe de la OMS muestra que solo el 78 % de los países estudiados (64 de 82) aseguraron contar con una política nacional sobre pruebas de detección de la hepatitis B durante el embarazo.
De ellos, solo la mitad (32 de 64) declararon aplicar finalmente estas medidas en las clínicas de atención prenatal.