El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Rafael Toribio, señaló hoy que iniciarán las discusiones sobre Punta Catalina el próximo 10 de febrero.

“Tenemos una reunión pautada para el día 10 del pleno que es el que toma decisiones. Para tomar decisiones sobre la manera en que nosotros consideramos debe regularizarse ese importante diálogo”, indicó Toribio.

Abordados por periodistas, agregó que además del CES en las discusiones estarán representados tanto el Gobierno como los partidos políticos.

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“Fundamentalmente los sectores que están representados en estas mesas, el Gobierno, el CES, partidos políticos”, dijo.

Al mismo tiempo, Rafael Toribio garantizó que en estas discusiones sobre el futuro de la Central Termoeléctrica Punta Catalina podrán participar directamente los ciudadanos.

“En la mesa se van a invitar expertos y también a través de dos plataformas virtual, se pueden hacer y conocer consideraciones”.

Se recuerda que los debates sobre Punta Catalina surgen luego de la Cámara de Diputados aprobar un contrato de fideicomiso de la central termoeléctrica.

Posición de Abinader

El pasado 30 de enero en discurso al país, Luis Abinader solicitó al Senado de la República no conocer el proyecto de fideicomiso Punta Catalina.

La solicitud del mandatario surge tras varios días de críticas al proyecto y señaló que sea discutido en el Consejo Económico y Social (CES).

“He decidido solicitar al Senado de la Republica posponer el conocimiento del proyecto de fideicomiso de Punta Catalina hasta que el Consejo Económico y Social (CES) reciba las opiniones de todos los sectores que quieran aportar para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el manejo y preservación de las termoeléctricas”, expresó el mandatario.

Auditoría

En el día de ayer el Poder Ejecutivo depositó ante la Cámara de Cuentas una solicitud de auditoría financiera a Punta Catalina.

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La solicitud fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta. Pide que la pericia sobre la planta abarque hasta el 31 de diciembre pasado.

“En el sentido de cumplir y hacer cumplir los principios de transparencia, publicidad y juridicidad, previstos en el artículo 138 de la Constitución de la República como rectores del accionar de la administración pública”.