Hiere la sensibilidad humana la situación desesperada e incierta de los miles de nacionales haitianos ilegales que abarrotaron los centros de registro del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros tratando de inscribirse para evitar ser deportados a un país con el cual no están identificados y sin ningún tipo de garantías.

Las inscripciones cerraron con más de 288 mil registrados de una población estimada, oficialmente, en unos 400,000 haitianos, aunque por el descontrol de nuestras fronteras y la presencia masiva de estos en todo el país, hay quienes estiman la cifra en un millón de ilegales, aproximadamente.

Las migraciones huyendo del hambre, la inestabilidad política, persecuciones y falta de trabajo no son exclusivas de estos litorales. Es un fenómeno que siempre ha existido y que actualmente padece Europa, principalmente Italia y España, las que se ven invadidas, a diario por miles de desesperados africanos.

Aquí, con una débil frontera, permeada sistemáticamente, el problema se agrava por la carencia de recursos para atender satisfactoriamente las necesidades de salud, alimentación y educación de 10 millones de dominicanos, menos aún, de la creciente población ilegal haitiana.

Más que un problema migratorio, tenemos un problema humano y las autoridades tendrán que hilar muy fino para aplicar la ley, sin maltratar ni ultrajar a quienes, a pesar de las protestas de entidades y personalidades nacionales e internacionales, resulta ineludible repatriar.

Las declaraciones del presidente Michel Martelly de que su país no recibirá a los haitianos nacidos en nuestro territorio, constituyen un pataleo comprensible pero inaceptable desde el punto de vista de lo que establecen nuestras leyes de migración, la Constitución de la República y la soberanía nacional.