Para muchos sigue siendo sorprendente el escarceo habido con respecto a las encuestas y los sondeos que se llevan a cabo en el país, producto del ferviente ambiente de competencia política que se respira, en ruta hacia las elecciones generales de mayo próximo.

Lo sorprendente es que todavía haya quien se sorprenda de algo que ha venido ocurriendo recurrentemente a través del tiempo en cada uno de los torneos electorales dominicanos. Aun reconociendo el valor que tiene la encuesta como herramienta estratégica para la toma de decisiones, los políticos dominicanos de toda laya se encuentran ante el dilema de no saber manejar sus resultados, cuando estos les son adversos.

En las últimas décadas la investigación del mercado de preferencia electoral ha jugado un papel determinante en los resultados finales de estas campañas, constituyéndose en una herramienta para el diseño de las estrategias. La última controversia viene de la encuesta del periódico Hoy en su acuerdo con la firma Gallup Dominicana, representante de The Gallup Organization, reconocida firma de investigación, sondeos de opinión pública, consultoría e imagen, presidida localmente por Rafael Acevedo Pérez. Ante estos nuevos escarceos y la proliferación incontrolada de firmas y entidades dedicadas a este quehacer, entendemos llegado el tiempo de establecer una ley que regule el ejercicio de la investigación, sea esta para el mercado comercial o para el político.