Los resultados de un estudio auspiciado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, destacan una situación indeseable para un país que aspira a multiplicar las inversiones de capitales, particularmente extranjeros.
Ese estudio concluye en que es inseguro y conflictivo el estatus de la propiedad de la tierra en la región de Samaná y que la indefinición de la tenencia propicia conflictos, información inexacta y especulación con los precios de la tierra.
Desde luego, el estudio de referencia se refiere únicamente a Samaná, lo que en modo alguno significa que esa falta de garantías jurídicas en cuanto a tenencia de la tierra sea exclusiva de esta demarcación.
-II-
Hace algunos meses, funcionarios del Gobierno reaccionaron de manera airada ante declaraciones de las embajadoras de dos países de la Unión Europea acreditadas aquí, mediante las que ponían en entredicho las garantías jurídicas de la República Dominicana.
El estudio sobre el estatus de la propiedad de la tierra en Samaná es revelador y corrobora que hay flaquezas en cuanto a garantías jurídicas en esa materia, una de las más importantes cuando se trata de inversión de capitales.
Pero los conflictos sobre tenencia de la tierra no son exclusivos de Samaná. En la región Este del país también se han producido numerosos litigios por duplicidades o inconsistencia de títulos en materia de propiedad de terrenos.
Que una propiedad pueda aparecer con dos o más títulos de distintos propietarios solo puede ocurrir si es posible que más de una persona pueda asentar en los registros oficiales la tenencia de un terreno, y esto, a su vez, requiere de múltiples complicidades.
Se trata, sin duda, de grandes debilidades en términos de garantías jurídicas, al menos en cuanto a tenencia de tierras.
-III-
Pero las debilidades no se limitan a las garantías sobre propiedades privadas.
Actualmente es difícil, por no decir imposible, establecer la propiedad del Estado sobre grandes áreas de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar que están en manos de terceros.
Las irregularidades en el reparto o venta de tierras estatales ha sido una constante durante mucho tiempo y emprender una recuperación de estos bienes o sus valores equivalentes es una tarea ardua y costosa.
El país tiene que depurar sus garantías jurídicas y establecer medios para impedir duplicidades en materia de propiedad.
Lo que ocurre en Samaná y en el Este con la tenencia de la tierra ocurre en otras partes del país y se producen numerosos conflictos por esta causa.
La falta de garantías jurídicas en materia de tenencia de tierras ha permitido que muchos dominicanos y extranjeros posean títulos sobre propiedades irregularmente adquiridas, pero también ha ahuyentado muchos capitales cuyos propietarios no se arriesgan a nadar en esas turbulencias.