La aspiración común de esta sociedad, salvando minoritarias excepciones, es que el proceso electoral concluya en la conformidad de todos con sus resultados, con su transparencia.

Hay mucha palabra comprometida en el propósito de lograr despejar a tiempo todo lo que propenda a nublar este proceso que debe permitirnos remozar los mandos municipales y la representación en el Congreso.

Están en principio el compromiso y la obligación de la Junta Central Electoral (JCE), de garantizar la diafanidad del proceso, que lleva a su vez implícito el concurso de las fuerzas políticas con las cuales el tribunal electoral mantiene permanentes comunicación y consulta para «consensuar» sus decisiones.

Y deben estar de por medio, de modo directo y no simplemente tácito o implícito, el compromiso y la aspiración de los partidos que compiten en el proceso por los cargos congresuales y municipales.

– II –

Con todo lo anterior como premisa, se entiende que a la diafanidad del proceso han de contribuir entes, coyunturales o permanentes, a los cuales se les otorga el derecho de observar y dar continuidad a la marcha del proceso, como garantía de su pulcritud.

Generalmente, entidades de la envergadura de la Organización de Estados Americanos (OEA) y fundaciones especializadas, como la encabezada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter y otras, acreditan ante la JCE sus observadores para tener constancia de la regularidad en la marcha del proceso.

Hay también grupos locales dedicados a la misma tarea. Los hay de carácter permanente, como Participación Ciudadana, y coyunturales, como la Comisión de Asistencia Electoral.

En todos estos organismos se reconoce la voluntad política de testificar lo bueno o malo que se produzca durante la organización y desarrollo del proceso electoral, incluyendo verificación de data y validación de resultados.

– III – 

La voluntad expresa de todos para garantizar un proceso desarrollado con todas las de la ley, cuyos resultados sean aceptados como buenos y válidos por todas las fuerzas políticas reconocidas, establece una garantía que permite la observación electoral no invasiva de las facultades de la JCE.

Con estos grupos de observación, la sociedad pone sus ojos al servicio del interés general por la buena marcha del proceso.

En esa virtud, objetar la observación o pretender invalidar a cualquiera de los grupos creados en buena lid y autorizados para ejercerla representa una actitud desfasada y contrapuesta al interés general, incluyendo el de la propia JCE, para asegurar que cada paso del proceso se corresponda con lo que establecen las normas jurídicas que pautan nuestra democracia. Por encima de cualquier inquina entre agrupaciones políticas rivales, debe ser mantenido el interés por la buena marcha y feliz desenlace de la fiesta democrática del martes próximo.