Si bien el desafío de hacer valer las garantías jurídicas es de la autoridad competente, es necesario que la sociedad en pleno, y los inversionistas en particular, contribuyan a ponerle freno a embargos abusivos, invasiones de propiedades y otros actos cometidos por mafias que procuran hacer dinero aprovechando sentencias por litigios laborales y otras causas. Los empresarios turísticos, que son las víctimas más frecuentes de estas situaciones, están en el deber de denunciar cada acto irregular cometido falsamente a nombre de la ley, pero también deben evitar situaciones que degeneren en demandas y sentencias de embargo que luego son ejecutadas de manera abusiva y sin el recurso de la fuerza pública.

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ha pedido al sector turístico que evite conflictos laborales porque son estos casos los que conducen a demandas y a sentencias que mafias aprovechan para ejecutar embargos irregulares para sacarle dinero a los empresarios. De manera pues, que hay que luchar contra esas mafias, pero también contra las causas que conducen a demandas y a sentencias condenatorias. También es necesario denunciar oportunamente las invasiones de propiedades azuzadas generalmente por políticos. Autoridades y empresarios necesitan trabajar unidos para lograr fortalecer y hacer valer las garantías jurídicas sobre el derecho de propiedad.

ENEMIGOS DE LA ECONOMÍA 

Según cálculos oficiales, el año pasado el comercio ilegal de rones y cigarrillos provocó pérdidas fiscales por RD$2,000 millones. El cálculo es conservador, pues deja de lado el efecto tóxico de esta práctica ilícita sobre la estabilidad de las empresas y del empleo, de la economía nacional en el sentido más amplio. Ante este enemigo, se justifica que Gobierno y sector privado asuman una posición conjunta para cerrarle el paso al contrabando, la falsificación y la informalidad de productos.
Saludamos y apoyamos la campaña de sensibilización social lanzada este lunes por la Mesa Presidencial creada para esos fines. La sensatez impone que la sociedad asuma contra las prácticas económicas ilícitas una posición firme de repudio. Combatir el comercio y la producción ilícitas es luchar por el bien común, el bien de todos.