Para abordar los retos de las garantías jurídicas en los procesos de contratación pública en la República Dominicana, es crucial entender el marco legal que regula la actividad administrativa en un Estado de Derecho. En la actualidad, el principio fundamental de Estado de Derecho implica que todo ejercicio de poder, incluyendo el administrativo, debe estar sujeto a normas jurídicas que regulen su actuación, asegurando así el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El Derecho Administrativo juega un papel central en este contexto al establecer las reglas que gobiernan la organización, funcionamiento y actuación de la Administración Pública. Estas normativas no solo definen los límites dentro de los cuales la administración puede operar, sino que también garantizan la transparencia, la eficiencia y el respeto a los derechos de los ciudadanos en todas las fases de los procesos administrativos, incluyendo las contrataciones públicas.

Uno de los principales retos que enfrentan las garantías jurídicas en los procesos de contratación pública es la necesidad de asegurar la igualdad de trato y la no discriminación entre los participantes en los procesos de licitaciones. Esto implica que las bases y condiciones de las licitaciones deben ser claras, objetivas y estar debidamente fundamentadas en criterios técnicos y legales, evitando discrecionalidades que puedan vulnerar los principios de legalidad y equidad.

Además, la garantía de la seguridad jurídica se ve desafiada por la necesidad de agilizar los procesos sin comprometer la exhaustividad y la rigurosidad que requiere la contratación pública. Es crucial encontrar un equilibrio entre la eficiencia administrativa y la protección de los derechos de los participantes, así como de los intereses del Estado y de la ciudadanía en general.

Otro desafío significativo radica en la supervisión y el control efectivo de los actos administrativos relacionados con las contrataciones públicas. Es imperativo fortalecer los mecanismos de control interno y externo para prevenir y corregir posibles irregularidades, asegurando la rendición de cuentas y la transparencia en todas las etapas del proceso contractual.

En la práctica, esto implica que los órganos de control, como las auditorías internas y externas, los tribunales administrativos y los sistemas de justicia, deben tener la capacidad y la independencia necesarias para evaluar objetivamente las decisiones administrativas y corregir cualquier desviación que pueda surgir.

Además de estos retos internos, las garantías jurídicas en los procesos de contratación pública también enfrentan desafíos externos, como la presión política y la influencia indebida de intereses particulares sobre las decisiones administrativas. La independencia y la profesionalización de los funcionarios encargados de la contratación pública son fundamentales para mitigar estos riesgos y asegurar que las decisiones se tomen en función del interés público y no de intereses privados o partidistas.

En conclusión, los retos de las garantías jurídicas en los procesos de contratación pública en la República Dominicana requieren un enfoque integral que fortalezca el Estado de Derecho, promueva la transparencia y la rendición de cuentas, y asegure la igualdad de trato y la legalidad en todas las actuaciones administrativas. Solo así se podrá avanzar hacia un sistema de contratación pública más justo, eficiente y confiable, que responda efectivamente a las necesidades y expectativas de la sociedad dominicana.