TELESFORO A. ISAAC
El Estado dominicano debe promover y promulgar un plan nacional para garantizar la declaración y registro civil de todos los nacidos en el país. El plan debe ser un programa bien organizado, tener el apoyo, los recursos y el personal capacitado para una eficiente labor.

El país tiene experiencia de vacunaciones masivas y de censos nacionales. Se podría preparar una acción basada en los fundamentos de estas experiencias. El proyecto de declarar y registrar a los habitantes que están privados de esta condición de derecho humano, puede ser llegado a cabo, garantizando así, el registro civil de toda persona en el territorio dominicano.

La no declaración de personas es un asunto bochornoso; pero, esto se puede y se debe normalizar si se tiene la voluntad política, la sensibilidad humana y el sentido de nación con visos de Estado.

Hace ciento cuarenta y tres (143) años de la independencia definitiva de la República Dominicana y es tiempo para tomar en consideración el esfuerzo y tiempo suficiente a fin de registrar en las oficinas cívicas a todos los nacidos en el país.

El registro de un ser humano es una necesidad cívica de todo individuo que nazca; es elemento natural y fundamental del derecho que la sociedad y el Estado deben proveer a la persona humana para concretizar su dignidad y su valor.

En todo el territorio nacional y especialmente en la parte sur, hay un considerable número de personas que no tienen documentación, por no estar declaradas y registradas en las oficinas civiles.

Es menester el registro de todos para saber cuántos somos, quiénes somos, y dónde estamos, para así tener las estadísticas del presente y poder hacer las proyecciones del futuro. Además, el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada, proclamada y vigente en la República Dominicana, dice: “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”. Estamos faltando a este pacto universal. Hay que dar reconocimiento a la personalidad jurídica de todo ser humano.

En una reunión celebrada en Bogotá, Colombia, en días pasados, fue advertido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), que el 25% de los dominicanos no cuentan con certificados de nacimiento. Estas organizaciones anunciaron una “alianza para trabajar a fin de garantizar el registro civil de nacimiento gratuito, oportuno, universal en América Latina y en el Caribe en el año 2015”.

Así mismo, expresaron que la alianza busca garantizar la identidad oficial a millones de niños y niñas quienes permanecen invisibles en sus propios países.

Esta alianza busca poner fin a la exclusión económica, política y social para establecer las bases fundamentales para las actividades económicas, productivas y el ejercicio de los derechos inalienables de toda criatura humana.

Miles de ciudadanos (as) tienen  problemas con sus apellidos o dificultades con sus nombres. Se les hace difícil matricularse en centros de enseñanza, obtener la cédula personal de identidad, declarar a sus proles y otras diligencias legales y necesarias.

Es de nuestro conocimiento que hay abuelos (as), padres y madres, e hijos (as) que no están registrados en las oficialías civiles de la nación. Los mayores no lo están por ignorancia, dejadez y/o porque viven en lugares apartados del país, y porque no hay cultura para la declaración y registro de los recién nacidos.

El problema puede ir de generación en generación: los abuelos no fueron declarados, los hijos no son declarados, por lo que los nietos no son declarados. Los abuelos no tienen cédulas, no pueden hacer diligencias o negociaciones por falta de la declaración; los hijos no fueron a la escuela ni tienen documentos de identificación, porque los abuelos no lo tuvieron; los padres no declaran a sus hijos pequeños, porque no tienen el aval de los documentos necesarios, y los pequeños no son declarados ni tienen acta de nacimiento. Estos no se inscriben en las escuelas; y por tanto, generaciones van y vienen con un problema continuo.

Viven, pero no existen para los fines cívicos y legales.

Por otro lado, la necesidad de poner en orden y legalizar una declaración tardía, conlleva mucho dinero, diligencias pagadas a abogados, y pérdida de tiempo.

Muchas veces una declaración tardía remonta a tres o cuatro generaciones del pasado de una misma familia. Siendo este el caso, hay una cadena de irregularidades que se perpetúa.

El Estado puede y debe normalizar este mal cívico que es contraproducente en esta nación.

Muchos son los nacidos aquí que viven, mas no tienen verdadera individualidad como persona. Fueron engendrados, tienen padres y madres, pero no existen como nacionales, por no tener acta de nacimiento.

Se debe dar consideración a este impropio asunto de “miles de seres humanos no existentes jurídicamente”. Es urgente la normalización de ésta anómala situación de una nación que proclama tener vocación de modernización, se afana en su desarrollo sostenido y trata de observar los derechos humanos. Sin embargo, tiene el lastre de un número de individuos que no tienen identidad ciudadana. Son muchos los nacidos en esta tierra que están en condiciones de robots o de sujetos sin presencia legal.

Debe ser tomada en consideración la determinación para registrar a todos los nacidos en la República Dominicana. Esto puede hacerse en el momento que no tendría marcada incidencia política. Y en caso de tener influencia en los partidos políticos, sería de igual condición para todos; pues, “lo que es igual o universal, no es ventaja o desventaja para ningún sector en particular”. Poner en orden algo tan importante como registrar a todos los nacidos en la nación, es recomendable y conveniente.

La garantía del registro civil y la normalización de los certificados de nacimiento y los otros documentos que son bases fundamentales para el disfrute pleno de los derechos ciudadanos, deben hacerse ya.

El país se moderniza efectivamente cuando se toma en cuenta a cada uno del pueblo, desde el nacimiento hasta la defunción o ausencia del individuo. Hágase, por tanto, un plan nacional para garantizar la declaración y registro de toda persona en República Dominicana.