Garata por cuotas de poder sin posibilidades de brindar mejor servicio a comunidades

Garata por cuotas de poder sin posibilidades de brindar mejor servicio a comunidades

Recortes de capacidades mediante artificios legales han impedido a los ayuntamientos ejercer a plenitud sus roles y obtener suficientes recursos a través de una verdadera autonomía presupuestaria para captar ingresos que correspondan a sus obligaciones institucionales. Sometidos a las discrecionalidades de un presidencialismo avasallador que actúa en función de sus conveniencias centralizadoras lanzando selectivamente y con periodicidad salvavidas nutridos de papeletas hacia las procelosas aguas de las alcaldías en permanentes debilidades financieras. Poner a la gente a votar debería servir para más que eso.

Desde mucho antes de que los dominicanos, reducidos en sus motivaciones acudieran limitadamente a las urnas el domingo pasado para seleccionar administraciones edilicias ocurría un desangramiento financiero que disminuye con permanencia la capacidad de actuar en beneficio de sus comunidades de los señores alcaldes, regidores y directores de distritos municipales.

Una ley «difunta en los hechos» (la 166-03) que debiera aplicar porcentualmente (10%) asignación de recursos captados por el fisco para las comunidades municipales pretendía que les llegaran en los últimos 20 años más de RD$494 mil millones que jamás salieron de las bóvedas del Poder Ejecutivo por el que solo ha pasado gente de verbo compasivo con los pueblerinos y metropolitanos pero que de todas formas les han quedado mal.

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Lo resaltó expresamente y con índice en alto el economista Nelson Suárez en una enumeración de vicisitudes que niegan efectividad a la descentralización del poder a favor de dispersas geografías dominicanas. «Durante cinco períodos de Gobierno, y el ejercicio de tres presidentes distintos, nunca se ha cumplido con el mandato de la (susodicha) Ley 166-03». Una progresión al aplicarla hubiera puesto a disposición de autoridades municipales ingresos recaudados que habrían ido desde un 8% a un 10% de lo tributado. Los tajos con que diferentes administraciones se apropiaron con argucias de lo que legalmente correspondía a municipalidades aparecen detallados como actos de un Drácula insaciable en el examen a la ejecución de gastos e inversiones del Estado publicado en HOY el día 6 de este mes.

La retención que con unilateralidad de criterio despoja de liquidez a entes del sistema estatal que deben dar respuestas de calidad a demandas de servicios urbanos y primarios ocurre con desprecio a la crítica social por evidencias de que la solvencia de los cabildos no ha sido prioridad de supremacías jerárquicas; un desbalance para el que a veces se apela a generalizar la suposición de «manejos indebidos de recursos» a nivel de las localidades.

La serpiente se muerde la cola cuando desde la cabeza del Estado se sospecha a partir de comprobables indicios, y no se actúa, de transgresiones a leyes y normativas establecidas para la preservación del correcto uso de las finanzas públicas. La fiscalización sobre inversiones y gastos es casi un monopolio de órganos liderados por el Gobierno central como la Contraloría General de la República y la Dirección General del Presupuesto y de la separación de los poderes deben derivarse actuaciones de contrapeso entre el Ejecutivo y lo Legislativo para mantener limpias las actuaciones administrativas de todo el sector público. Aparte de una imperceptible Cámara de Cuentas trabada por conflictos internos e incapacidades operativas.

EL JUEGO ES VIEJO

Sobre la «desobediencia» legal que año por año ha generado aprobaciones presupuestales que recortan con severidad la autonomía de los ayuntamientos, este periódico opinó recientemente: «Es el viejo juego de los políticos dominicanos aprobar leyes para no cumplirlas. El resultado de este tipo de «abuso institucional» es malos o ausentes servicios básicos a los munícipes». Este diario entiende que ya es tiempo de que los representantes del Poder Ejecutivo y de los municipios delimiten en los hechos, los ámbitos de actuaciones de uno y de otros.

Y por si faltaran más objeciones contundentes a la condición menesterosa de muchos ayuntamientos apartados de metrópolis, la agudeza de Ramón Colombo apuntó desde su sección Fogaraté del periódico El Caribe hacia la merma o nulidad de protagonismos favorables a las comunidades que caracterizan las funciones edilicias al proclamar que “nadie debe asombrarse de la alta abstención de los votantes”. Tras expresar con crudeza que «las alcaldías en general son simples adornos políticos que no administran nada en lo rural ni en lo urbano. Unas recogen precariamente la basura; otras cuidan los parques». Suponer (agregamos) que por votar en febrero las cosas fundamentales iban a cambiar sería pedir demasiado.

DE PALO PA´ LEÑA

La institucionalidad de los cabildos ha sido erosionada desde el accionar legislativo como acaba de sostener para el periódico HOY el descollante municipalista Waldis Taveras: «Las leyes orgánicas aprobadas por el Congreso Nacional dejan prácticamente sin competencias a los ayuntamientos en asuntos vitales para los territorios.

De ahí que los actuales candidatos a alcaldes, directores, regidores y vocales presenten ofertas engañosas al electorado con miras a las elecciones municipales del próximo domingo 18 de este mes».

Sostuvo que la mayoría de los compromisos que los aspirantes a investiduras edilicias prometen contraer con los ciudadanos no son de la exclusiva competencia de los cabildos a la luz de las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal 176-07 y «por ser imposibles sus realizaciones por la incapacidad financiera de los gobiernos locales».

«Los ayuntamientos han perdido sus competencias y razón de su existencia, ya que sus obligaciones más perentorias han sido sometidas a la tutela del Poder Ejecutivo en un Estado presidencialista y un Congreso extremadamente conservador divorciado de la visión Duartiana».

En el contexto de sus declaraciones queda descartado que por más nuevas que puedan resultar las autoridades municipales tras las votaciones, lograrán garantizar (como se promete) mejor drenaje pluvial, seguridad ciudadana, poner en regla el transito, reciclar residuos sólidos, apoyar a las mipyme, etc. Toda esta «salvación» para las poblaciones municipales ha aparecido en los discursos de campaña.

¿QUIÉN DICE LA VERDAD?

La forma en que de manera más o menos generalizada estarían siendo aplicados los recursos que con exigüidad entrega el Poder Ejecutivo a los ayuntamientos ha sido defendida por la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) al sostener que meros errores administrativos cometidos por administraciones edilicias «están siendo presentados como si fueran actos dolosos, cuando se trata, en la mayoría de los casos, de deficiencias puramente gerenciales».

En medio de una reciente controversia, la entidad se pronunció alegando una «falta de precisión y otros errores en los métodos de realización de auditorías que han hecho que estas sirvan para generar titulares sobre supuestos derroches que denigran a alcaldes y funcionarios de otras dependencias, pero que en realidad lo que presentan es incumplimiento de procedimientos y formas que, si bien deben mejorarse y superarse, no significan malversación».

Sin embargo en un foro sobre gobiernos municipales en América Latina auspiciado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se cuestionó años atrás la índole de los órganos municipales de la región, vistos como «gobiernos duales» formados por órganos unipersonales denominados alcaldías, intendencias, etc., que aplican recetas importadas desde otros países de mayor fortaleza institucional y que entran en confrontación con la realidad regional.

En el debate predominó la demanda de que los gobiernos municipales estén fundados en una distribución de funciones entre entes ejecutivos y legislativos que en el nivel municipal se manifiestan mediante la conformación colegiada de juntas de regidores o ediles que con frecuencia facilitan la colocación en trincheras de adversarios de los alcaldes; escenarios para las confrontaciones típicas del sectarismo partidario. En el cónclave cepalino se consolidó la tesis de que la institucionalidad municipal de América Latina presenta un agudo déficit de desarrollo.

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