POR MARY POWERS
En Lima
Alan García, el nuevo presidente de Perú está caminando más ligero en sus relaciones con las compañías de recursos públicos que operan en su país que sus colegas vecinos de Bolivia y Ecuador. A pesar de los compromisos de campaña de imponer un impuesto a las ganancias extra de las compañías mineras y reducir los precios de los combustibles basados en el gas natural, la administración del señor García, al contrario, les está pidiendo una contribución voluntaria para proyectos sociales.

Mientras tanto, el gobierno y los accionistas del proyecto de gas natural de Camisea están revisando cambios posibles en una fórmula de precio que pudiera mantener los precios del gas natural a su nivel actual.

“Estamos haciendo esto en un contexto amistoso. No es una confrontación. No es una negociación con las pistolas sobre la mesa”, dijo Jorge del Castillo, el primer ministro, el 1 de agosto.

En Bolivia, en contraste, el presidente Evo Morales está enfrentando la resistencia de la brasileña Petrobras, mientras trata de avanzar con los planes de nacionalizar las reservas de gas del país. En Ecuador, la inversión en el sector petrolero se ha desacelerado después que el Congreso aprobara cambios en la ley de hidrocarburos en marzo que obligarán a las compañías petroleras extranjeras a entregar 60% del exceso en las ganancias al gobierno. 

El señor García, que llegó a la presidencia por segunda vez el 28 de julio, dijo que los nuevos impuestos pudieran llevar a procesos legales contra el Estado peruano. Cerca de doce compañías mineras, incluyendo unidades de BHP Billiton, Falconbridge, Newmont Mining Corp y Phelps Dodge,  han firmado contratos de estabilidad con el gobierno, que los eximen de nuevos impuestos, o “royalties”.

Pero quizás más importante sean los miles de millones de dólares pendientes en inversión en los sectores de minería, hidrocarburos y electricidad.

La privada Sociedad Nacional Minera de Petróleo y Energía (SNMPE) calcula la cifra en US$10 millardos (_7.8bn, £5.3bn). Perú es uno de los principales productores mundiales de cobre, oro, plata, zinc, plomo y estaño, y sus exportaciones de este año se espera que alcancen US$22 millardos, cerca de 60% de las cuales son minerales.

“El gobierno comprende claramente que cambiar las reglas afectará la inversión y desea evitarlo”, dijo al Financial Times Carlos del solar, presidente de la SNMPE. Dijo, sin embargo, que no resultaría fácil para las compañías de minas de la SNMPE, cerca de 30 en total, aparecerse con una fórmula para hacer contribuciones voluntarias con las cuales todos se sintieran contentos.

Cada compañía tiene su realidad propia -costos por operaciones distintos, diferentes precios dependiendo del metal, y algunas ya están pagando derechos sobre las ventas.

Las compañías todavía tienen que ponerse de acuerdo y esto no ha ocurrido. Lo que tenemos que tratar de evitar es el impuesto”, dijo.

Sobre el proyecto Camisea, el señor del Solar dijo que esperaba que las negociaciones fueran más suaves. El problema principal es la fórmula mediante la cual se determinan los precios del gas natural. Por el momento, está vinculado al precio de combustible residual, el precio del cual casi ha triplicó desde que se firmaron los contratos a finales de 2000. Norberto Benito, el gerente general de la unidad local de Pluspetrol, de Argentina, que encabeza el consorcio principal de Camisea, dijo que las conversaciones no conducirían a bajar los precios del gas natural, sino que solo ayudarían a evitar alzas en el futuro.

Aún así, algunos peruanos han expresado su descontento sobre el pedaleo hacia atrás del señor García. (Trad. IPC)