Monroy Bogotá, (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) analiza desde hoy en Bogotá casos «sin antecedentes en el organismo» vinculados a discriminación y vida privada, como el de una jueza chilena lesbiana y el de un hijo extramarital del exgobernante argentino Carlos Menem, afirmó el presidente del tribunal, Diego García-Sayán.

El caso específico de la jueza chilena Atala Riffo, de origen palestino, «si bien es un tema relevante de varios tribunales internos de Latinoamérica, es el primero que llega de esta naturaleza» a la CorteIDH, señaló el jurista peruano en una entrevista con Efe. Asimismo, explicó que el asunto de Menem «tiene que ver con un componente, acaso distinto, que es el de la vida privada, y que no ha sido tratado en decisiones anteriores por la Corte».

La jueza Atala Riffo y sus hijas, a través de sus abogados y organizaciones, demandaron al Estado chileno «por el (presunto) trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar».

La Corte estudiará también la responsabilidad del Estado argentino en la presunta violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de los periodistas Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico, director y editor de la revista Noticias, respectivamente. Ambos denunciaron la existencia de un hijo no reconocido del expresidente argentino Carlos Menem, cuya madre, Marta Meza, era una diputada nacional.

Menem demandó a Noticias y a los periodistas por «violación de la intimidad», y en 1997 éstos fueron condenados a pagar una indemnización. García-Sayán, sin embargo, celebró que en la Corte no haya «muchos casos» que tengan que ver con violaciones a la libertad de prensa.

Hay solo «algunos», resaltó, al explicar que éstos «tienen que ver con distintas facetas, de aspectos resueltos por la Corte en el pasado, de acceso a la información pública, del derecho a la libertad de información y de expresión». Reconoció que en la región «si bien obviamente hay dificultades y amenazas a la libertad de prensa», celebró que «no es felizmente ya la época de Gobiernos totalitarios y dictatoriales» que sometían a los periodistas y a los medios.

En ese sentido, García-Sayan admitió que el mecanismo interamericano de derechos humanos ha recibido «algunas denuncias» de «personas vinculadas a Globovisión y a RCTV (Radio Caracas Televisión)», pero no ahondó en esos casos.

El presidente de la CorteIDH también destacó que en la última década se han incrementado «las denuncias de violaciones de derechos de pueblos indígenas» y por ello recordó que es «obligatorio que los Estados consulten» con éstos «las concesiones de zonas de exploraciones o explotaciones de petróleo y otros recursos naturales».

 También lamentó que si bien aumentan el número de casos nuevos que se presentan cada año, no ocurre lo mismo con los recursos y por ello reclamó «mayor compromiso de los Estados no solo para que se conecte con la Corte para reconocer las sentencias, sino que sean parte más activa» con su funcionamiento.

Así, admitió que el tribunal, «sin las aportaciones de países como España y Noruega, sería muy difícil» que funcionara.

La Corte inicia hoy una serie de audiencias públicas en Colombia que tienen que ver con la revisión de cumplimiento de las medidas provisionales en dos centros penitenciarios en Brasil, la cárcel Urso Branco y la Unidad de Internación Socioeducativa, que buscan garantizar el respeto de los derechos de los reclusos.

Según el presidente del tribunal, la resolución de los cuatro casos que se analizarán hasta el jueves tomará «algunos meses», ya que cada uno de ellos, que son orales en audiencias públicas, cuentan con 30 días para presentar por escrito «todo lo que tengan que decir» las partes y así «lograr el equilibrio procesal».

Eso «no se resuelve de inmediato» aunque, resaltó el jurista peruano, la CorteIDH «no tiene retardo procesal», pues «los casos más antiguos empezaron a ventilarse el año pasado». Además de García-Payán, se encuentran en Bogotá los magistrados de ese tribunal Manuel Ventura (Costa Rica), Margarette May Macaulay (Jamaica), Rhadys Abreu (República Dominicana), Alberto Pérez (Uruguay) y Eduardo Vio Grossi (Chile). EFE