MADRID. AP. Si en 1998, cuando el nombre de Baltasar Garzón saltó a las portadas de los diarios de medio mundo por su intento de detener al ex dictador chileno Augusto Pinochet, alguien hubiera dicho que el magistrado español acabaría sentado en el banquillo de los acusados nadie lo hubiera creído.  

Pero Garzón, una figura de prestigio internacional odiada y amada casi por igual en España, será juzgado en sendas causas a partir del 17 y el 24 de enero por el delito de prevaricación, es decir, dictar a sabiendas una resolución injusta.   Uno de los procesos está relacionado con su intento fallido de investigar los crímenes de la guerra civil española y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). El otro, referido a una investigación sobre una red de corrupción en la administración pública.

Garzón no enfrenta una condena de cárcel. En ambos casos se solicita un período de inhabilitación para ejercer como juez de al menos 20 años.   ¿Será este el final de la rutilante carrera de Garzón? Es más que probable, al menos en España.   “Parece que a la justicia no le gusta la justicia”, dijo el abogado chileno Eduardo Contreras, el primero en presentar una querella contra Pinochet en representación del Partido Comunista. “Me parece un síntoma impensable de barbarie en la Europa de hoy que se pretenda juzgar a un juez por ejercer su profesión”, agregó.   Garzón, de 56 años, estuvo 22 años al frente del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, desde el que instruyó sumarios decisivos en la lucha contra el narcotráfico, el grupo separatista vasco ETA y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la fuerza paraestatal creada para combatir a ETA durante la presidencia de Felipe González (1982-1996).   También investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) y el régimen de facto en Argentina (1976-1983), que lo convirtieron en el rostro más conocido de la justicia universal y más en AL.