MADRID.  AFP.  El juez español Baltasar Garzón se declaró ayer competente para investigar las «desapariciones» durante la Guerra Civil española y el franquismo, lo que supone el primer paso en España para esclarecer la suerte de más de 100,000 personas, muchas de las cuales yacen en fosas comunes. Garzón, que identificó el delito como «detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad», aduce que éste es «permanente», según el auto difundido por la Audiencia Nacional.

Responde así a 22 denuncias hechas por asociaciones de familiares de toda España a partir de diciembre de 2006, lo que supone el primer paso en España para el esclarecimiento de las circunstancias en que desaparecieron al menos 114,266 personas –según la lista retenida por Garzón–, casi todas del bando del gobierno republicano español. 

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Amnistía de 1977

La fiscalía española ha anunciado que recurrirá la decisión basándose en la amnistía de 1977, y alega además que la competencia es de la justicia local.

 Las denuncias señalan «la existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a partir de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas.