Gas y distorsión

Gas y distorsión

El sostenimiento del subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) ejerce fuerte presión sobre las espaldas de un fisco recargado de obligaciones y castigado por la devaluación monetaria.

Sin el aporte de RD$33.29 por galón, dinero que proviene del erario, o para mejor decir, de los bolsillos de los contribuyentes, el precio del combustible al comprador sería de RD$58.29. El galón le llega actualmente a RD$25.

Suprimir la subvención al gas alteraría radicalmente los patrones de consumo de la mayoría de las familias dominicanas y de múltiples negocios, desde empresas grandes a pequeñas. Muy pocos dominicanos, por cierto, podrían enfrentar con éxito el fuerte aumento que sobrevendría. En particular, las amas de casa.

En el debate sobre los problemas de la economía no han faltado analistas que clamen por focalizar el subsidio, pero está demostrado que los gobiernos no logran impedir que las mafias dominen el suministro para desviar masivamente el gas barato para venderlo más caro.

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El recurso del subsidio cruzado, consistente en especializar parte de los ingresos por venta de gasolina para no tener que subir el precio del gas es una demostración muy elocuente de que en este país Alo que no se va en lágrimas se va en suspiros@, pues lo que el usuario deja de pagar por un concepto lo sufre sin atenuaciones por otra vía.

Se diría que estamos ante un mal inevitable. República Dominicana no produce petróleo y no tiene posibilidades de eludir sus precios con tendencia histórica de alza.

Pero sí podría trazar prioridades nacionales y diseñar mecanismos para que los precios finales de los combustibles no golpeen demasiado la economía popular ni entorpezcan los medios de producción ni los planes de desarrollo.

Los recursos que se emplean ahora para subvencionar el gas no deberían provenir en un cien por ciento del impuesto o diferencial que recae sobre los otros combustibles.

Mediante esa fórmula indiscriminada el sistema contributivo dominicano manifiesta toda su injusta característica de tratar por igual al contribuyente rico y al contribuyente pobre.

La distorsión en el comercio de carburantes se deriva de la incapacidad del Estado para lograr que una parte más importante de sus ingresos provenga de impuestos a los beneficios y la rentabilidad de los individuos y las entidades.

La modificación estructural que mejoraría el orden de cosas incluiría la prevista reforma fiscal, pero tendría que incluir otros pasos radicales.

El próximo gobierno tendrá que ganar autoridad moral como administrador fiscal haciendo ostensible que no permite el dispendio ni el dolo en su gestión.

El uso irresponsable o con claros fines de provecho personal de los recursos públicos ha sido una causa eficiente de la cultura de evasión en sus varias formas. El Estado ha faltado, en líneas generales, a su obligación de devolver en obras y servicio todo lo que extrae de los contribuyentes.

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