La misión del FMI que evaluó la situación de la economía ha  confirmado lo que diversos sectores habían  denunciado. Durante el presente año el Gobierno anterior desbordó el presupuesto, pues “una gran proporción del gasto público se ejecutó por encima de las apropiaciones presupuestarias correspondientes, reduciendo así la transparencia de las operaciones presupuestarias”. Este fragmento del documento emitido por el FMI a propósito de la revisión de la economía explica  por qué está el país sumido en un enorme hoyo fiscal.

Significa que el Gobierno gastó más que lo ingresado y para obtener dinero incurrió en deudas internas y externas. En los últimos 24 meses la economía se desaceleró y de un crecimiento, que en 2010 fue de 7.8 por ciento, descendió a  4.5 en el 2011 y se proyecta que cierre el presente año por debajo del 4 por ciento. La ilusión que la administración anterior le vendió al país fue que disminuyeron los ingresos fiscales, ocultando siempre que hubo exceso y falta de transparencia en el gasto.

Al asumir la responsabilidad de enderezar estos entuertos, el Gobierno del Presidente Danilo Medina tiene que ser consecuente con su prédica por la transparencia y no repetir los errores de este pasado reciente. La reforma fiscal es el alto costo que tenemos que pagar por aquella falta de transparencia y la ilusión de bonanza económica.

Esa vida hay que protegerla

Las autoridades están en el deber de brindar absoluta protección a la  procuradora adjunta para asuntos de extradición, Gisela Cueto, quien ha denunciado que se siente amenazada de muerte. Ella acusa a Iván Miguel Tineo, pedido en extradición por la justicia de Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas, de supuestamente haber contratado sicarios que actuarían disfrazados de policías para matarla. La investigación de esta denuncia debe ser profunda y minuciosa, hasta desmontar todos los elementos de la conspiración y localizar a los encargados de ejecutarla.

Bajo ninguna circunstancia el país puede permitir que la vida de una autoridad corra peligro, máxime cuando esa autoridad ha denunciado sentirse amenazada de muerte por un imputado. La lucha contra el crimen organizado tiene que contemplar la  protección rigurosa para las autoridades que tiene por misión librarla.