Se aprecia y valora la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de asignar más de 20 mil millones de pesos para impactar favorablemente el sistema educativo nacional pero llama la atención que en el referido anuncio no se mencionara la terminación de más de 700 locales para escuelas y estancias infantiles que dejó inconclusa la pasada administración y que pese a la existencia, en nómina, de más de 100 abogados en el Departamento Jurídico del Ministerio de Educación, no se lograran resolver los inconvenientes legales para la conclusión y puesta en operación de dichos locales.

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El nuevo ministro de Educación, licenciado Ángel Hernández, señaló que la institución se encuentra en proceso de reestructuración administrativa para hacer eficiente el gasto en atención al informe reciente de la Dirección de Planes, Programas y Proyectos del Viceministerio de Planificación y Desarrollo que señala la carencia en la cartera oficial de una estructura organizativa adecuada al nuevo modelo de gestión institucional. Esa deficiencia administrativa debió resolverse con una reingeniería en el 2013 cuando se inició la aplicación del 4% del PIB a la educación preuniversitaria.

Ahora, se hace impostergable para garantizar que los fondos destinados a la educación sean debidamente administrados y contribuyan al aumento de su calidad.