Hoy 
Tres incidentes violentos, ocurridos por separado pero con varios rasgos en común, han dejado una persona muerta y 16 heridas de bala en lo que va de esta semana.
En Villa Faro, la madrugada del domingo, dos individuos que dispararon desde una motocicleta mataron a un joven e hirieron a otros siete, cuando esperaban un autobús que los trasladaría a una playa.
En Guachupita, ayer en la madrugada, hombres que dispararon desde varias motos hirieron a seis personas en un colmado, y en Los Guaricanos, en circunstancias similares, dos sujetos en moto hirieron de bala a tres personas en una discoteca.
Estos ataques tienen la particularidad de que han coincidido con la concesión de especies de licencias de excepción para que algunos negocios de expendio de bebidas puedan operar hasta entrada la madrugada, a pesar de una disposición que obliga a cerrar a las doce de la medianoche.
Tienen en común la modalidad de que se dispara indiscriminadamente desde motos contra grupos de personas en establecimientos de diversión nocturna. Las autoridades deben revisar la disposición que elimina la restricción de la venta de bebidas después de la medianoche para algunos establecimientos. Deben además perseguir a estos tan activos gatilleros de la madrugada.
Una prohibición oportuna
El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, y el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, han tomado una decisión oportuna y atinada al prohibir la ejecución de embargos contra establecimientos turísticos o de otras naturalezas sin la presencia del Ministerio Público.
La decisión tiene el objetivo de enfrentar irregularidades denunciadas por empresarios del sector turístico, que han sido víctimas de este tipo de práctica.
La presencia de la Fuerza Pública debidamente autorizada es un requisito de ley en la ejecución de sentencias que afecten propiedades.
El Ministerio Público también debería tomar acciones contra abogados que, a sabiendas de los requisitos sobre esta materia, se prestan para ejecutar embargos y otras decisiones en litigios sobre propiedades en violación a las disposiciones legales.
