Corremos riesgos de caer en gatopardismo al reformar constitución, conforme proyecto presentado y acciones y reacciones concitadas.

Gatopardismo proviene de Gattopardo, novela del escritor siciliano Giuseppe Tomasi, príncipe de Lampedusa (1896-1957), postulando “cambiar todo para que las cosas sigan iguales».

Cambiar nombre de Procurador a Abogado de la Administración, ¿garantiza consolidación independencia del Ministerio?

Pone candado en reglas de elección presidencial, sin ponerlo en aspectos mas trascendentales: déficits y endeudamientos.

Reduce diputados; pero no senadores, provincias y municipios. ¿Es equitativo?
Unifica elecciones separadas por el pacto por la democracia (1994) Balaguer-Peña, poniendo reversa al Cambio.

Abinader ha planteado consultar oposición, cuyos líderes y organizaciones inventaron el candado.
Oposición que califica esa reforma como innecesaria, respaldadas por instancias nacionales e internacionales que priorizamos otras reformas imperiosas, ahora supeditadas a la constitucional.
Las reacciones no se limitan a opositores. Funcionarios y legisladores del PRM han anticipado su oposición a reducir número de diputados, a pesar del “so pena” emanado del presidente Abinader.
La Procuradora General de la República se quejó formalmente que no fue consultada sobre propuestas relacionadas con el Ministerio Público.

Ya el gobierno cedió a las presiones ante fiscales sobre rediseño del Consejo Superior del Ministerio Público.

Todo apunta a una reforma constitucional gatoparda que nada cambiaría significativamente, dejando como herencia un escarceo político-social que dificultará el debate de otras reformas mas imperiosas; por afectar sustancialmente las condiciones de vida de nuestra población.

Para que sea exitoso lo que parece ser proyecto vital del Gobierno, deberían abordarse necesidades ciudadanas sentidas y temas más trascendentales que concite apoyo y entusiasmo que no se perciben en la reforma propuesta.

A lo que hay que poner candado es a déficit y endeudamientos: reduciendo ministerios, provincias y municipios; encaminando reforma fiscal. Lo que hay que consolidar son mandatos constitucionales sobre proscripción de corrupción (Art. 146), responsabilidad civil de funcionarios ante “daños y perjuicios ocasionados por… actuación u omisión administrativa” (Art.148) y obligaciones de partidos políticos (Art 216).

Así se despojaría la reforma de rasgos de vanidad personal.