En el expediente acusatorio contra los 12 empleados de la Procuraduría General de la República (PGR) que se dedicaban supuestamente a ilícitos a lo interno de la institución a cambio de sobornos, y por lo que fueron apresados en la denominada operación Gavilán, cobraban entre 8 mil y 15 mil pesos por retirar fichas a personas que habían tenido problemas con la justicia.

El supuesto cobro era comandado por el soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la PGR, Mártires Rosario Reyes, quien, según el Ministerio Público, en contubernio con Carlos Santana Aban, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este, realizó «múltiples» transacciones por el mismo modus operandi.

El órgano acusador dice en el expediente que Rosario Reyes llegó a tener en su cuenta hasta 200 mil pesos producto de los cobros por el retiro de fichas.

Los supuestos tentáculos de la presunta red se extendieron a las dependencias de las provincias La Romana, Independencia, Barahona y Monte Plata.

Los fiscales que investigaron el caso contaron con el apoyo de unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en los diversos allanamientos realizados el martes el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís.

Con el borrado de antecedentes penales ejecutado por la red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol o por secuestro, posibilitando, incluso, que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.

Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado figuran entre los beneficiados por los involucrados en la red.

Los imputados por asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos, enfrentan cargos por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.

También, por violacion a la Ley 41-08 sobre la Función Pública; los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.