La supuesta red que operaba a lo interno de la Procuraduría General de la República, compuesta por 12 personas de diferentes dependencias del país, se dio a la tarea de eliminar de los sistemas de la institución más de 8 mil registros penales de ciudadabnos a los que les cobraban por el ilícito.

La afirmación la detalla el Ministerio Público en el expediente contra los señalados de pertenecer a un supuesto entramado que fue desarticulado mediante la operación Gavilán.

“Utilizaron su posición de empleados con acceso a la base de datos de registros penales para cometer acciones ilícitas en contra de los registros nacionales de procesamiento antecedentes penales”, explica el escrito de solicitud para imposición de medida de coerción del órgano persecutor.

El documento también detalla que los acusados eliminaron antecedentes criminales relacionados con narcotráfico, violencia de género, secuestro, homicidio, adulteración de alcohol, lavado de activos, entre otros delitos grave.

El órgano persecutor explica que «el modus operandis identificado, para materializar el hecho en nuestros sistemas de justicia, consiste en editar en la tabla personas el registro persona documento, para que los sistemas que ofrecen servicio al ciudadano (BackOffice) y el sistema de inteligencia criminal (SIC) no presente registros penales a la hora de ser consultados».

Agrega que para la «actividad delictiva», los imputados «estarían cobrando dinero y contarían con personal en diferentes instituciones castrenses dedicados a recolectar a los clientes que les ofrecen este servicio».

Hasta 15 mil pesos por ficha

Los apresados en la denominada operación Gavilán, dice el MP, cobraban entre 8 mil y 15 mil pesos por retirar fichas a personas que habían tenido problemas con la justicia.

El supuesto cobro era comandado por el soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la PGR, Mártires Rosario Reyes, quien, según el Ministerio Público, en contubernio con Carlos Santana Aban, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este, realizó «múltiples» transacciones por el mismo modus operandi.

El órgano acusador dice en el expediente que Rosario Reyes llegó a tener en su cuenta hasta 200 mil pesos producto de los cobros por el retiro de fichas.

Los supuestos tentáculos de la presunta red se extendieron a las dependencias de las provincias La Romana, Independencia, Barahona y Monte Plata.