El Senador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, aseguró que la reciente promulgada Ley 340-22 sobre Extinción de Dominio, es una verdadera herramienta que desestimula el crimen organizado en todas sus modalidades y que establece consecuencias a todos los que acumulan riquezas, bienes y fortunas a través de hechos ilícitos en la República Dominicana.

Expuso que es una gran conquista porque con esta ley se dota de nuevas garras al Poder Judicial y al Ministerio Público para el combate al crimen organizado.

Rogelio Genao, sostuvo además, que con la Ley 340-22 se ataca por donde más duele, «el bolsillo», llamado por los americanos, el «poker o el dinero» y los bienes obtenidos de manera ilícita.

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«Bueno, yo creo que es una gran conquista; se cierra un ciclo, y se le dota de nuevas garras al Poder Judicial y al ministerio público para el combate del crimen organizado, atacan donde más le duele, «el bolsillo», llamado por los americanos el poker, el dinero, las propiedades«, expuso el legislador reformista, al ser entrevistado por el periodista José Cuevas, en el programa de televisión Tras las Huellas.

Dijo que la Ley de Extinción de Dominio se hizo en armonía con la Constitución en un ejercicio democrático completo, entre los legisladores y todos los sectores de la sociedad que participaron en su estructura.

Sostuvo que en la República Dominicana hacía mucha falta una ley de esta magnitud. Manifestó que ahora falta que jueces, ministerio público y abogados se preparen para mejor aplicación de la legislación.

La Ley 340-22 sobre Extinción de Dominio fue promulgada por el presidente Luis Abinader. trae en sus artículos importantes ataques al crimen organizado, entre los que se destacan condenas severas al narcotráfico en todas sus modalidades, a la corrupción organizada y otros hechos punibles.

Ahora, con la Ley 340-22, el funcionario que incurra en hechos castigados por la misma no solo tiene consecuencias penales sino también en responsabilidad civil, multas de hasta 400 salarios mínimos del sector público así como en su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.