El director del Instituto de Energía de la UASD, José Luis Moreno San Juan, afirmó que las generadores pretenden que en la fórmula de indexación de la tarifa eléctrica se indexe el valor del dólar con respecto al euro, no sólo el del peso con relación a la moneda norteamericana.

Moreno San Juan consideró que el país no debe aceptar esta pretensión, porque haría más gravosa la tarifa eléctrica para la población.

El dólar ha venido perdiendo valor con respecto al dólar.

Por otro lado, Moreno San Juan el efecto de las negociaciones del gobierno con los productores privados independientes (Ipp’s) no se ha reflejado en los precios de la energía, a pesar de que se prometió estos se reducirían.

Explicó que los valores establecidos en el Acuerdo de Madrid, que fueron utilizados como referencia en las negociaciones con los Ipp’s, así como la fórmula de indexación de la tarifa, no se corresponde con los parámetros técnicos y económicos que utiliza la industria eléctrica nivel internacional, aún tomando en cuenta el riesgo país.

Consideró que en vez de derechos contractuales, lo que lograron los Ipp’s en los contratos eran conquistas contractuales de origen dudoso, que se enmarcan en lo que se define como tráfico de influencias y corrupción.

Además, dijo que la mayoría de esos contratos no se originaron en las instancias técnicas de la CDE, sino que fueron impuestos desde afuera.

«Al renegociarse los Ipp’s, en base al acuerdo de Madrid, los valores siguieron siendo altos. No se compararon con costos reales. Los precios establecidos en el acuerdo de Madrid para la generación estuvieron 1.2 centavos de dólar por encima de lo que debieron ser en ese momento», explicó.

Además, Moreno San Juan dijo que la mayoría de los contratos de los Ipp’s estaban vencidos o a punto de vencerse, por lo cual él sólo hubiera renegociado con la Smith and Enron y Congentrix. Explicó que varios de esos contratos se vencían en el 2001 y en el 2002, pero que algunos fueron extendidos administrativamente, violando los procedimientos de rigor.

Sin embargo, dijo que hubo que negociar todos esos contratos porque los dueños de los Ipp’s eran los mismos de Haina, Itabo y

la distribuidora del Este.

Consideró que cuando se cumplen los procedimientos legales y en los contratos no hay una ruptura con los principios éticos, se deben reconocer los costos hundidos.

Consideró que en la aplicación del derecho, además de lo escrito, se tienen que tomar en cuenta los principios éticos y morales.

«Basándose en esos principios, la legalidad de esos contratos es nula», consideró.