General (r) acusa Pinochet crímenes

General (r) acusa Pinochet crímenes

SANTIAGO (AFP).- El general Manuel Contreras, fundador de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, culpó este viernes al ex dictador por los crímenes atribuidos a sus agentes y reveló el paradero de 580 desaparecidos, muchos de los cuales fueron lanzados al mar en Chile y Argentina.

   En una inédita confesión que remitió a una notaría de Santiago, el fundador de la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional), afirmó que la responsabilidad por los actos de sus agentes secretos debe adjudicarse «al comandante en jefe del Ejército y Presidente de la República de la época, general Augusto Pinochet».

   También incluyó en estos actos «a los comandantes en jefe de las respectivas instituciones armadas y de orden» y a quienes «formaban parte de los diferentes ministerios en los cargos más altos» durante el régimen militar (1973-1990).

   «Esta noticia es realmente impactante y confirma lo que hemos dicho durante tantos años», dijo Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, al enterarse de la confesión del ex hombre fuerte de la dictadura de Pinochet (1973-1990).

   La información sobre el paradero de más de un millar de desaparecidos «está en manos de quienes violaron los derechos humanos y fueron responsables de los organismos de seguridad que ejercieron la represión», agregó García.

   Contreras permanece encarcelado en el penal Cordillera, en la zona este de Santiago, donde cumple una condena a 12 años de presidio por la desaparición del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Miguel Angel Sandoval, cuyo rastro se perdió hace 30 años después de ser detenido por agentes de la Dina.

   «He resuelto desarrollar este trabajo, que tiene calidad de informe sobre determinadas materias de interés nacional para ponerlo a disposición y conocimiento de todos los poderes del Estado y especialmente para la información pública de mis conciudadanos», dijo el informe de Contreras, emitido desde la prisión.

   En una treintena de páginas el documento contiene los nombres de 580 desaparecidos sepultados clandestinamente, desde donde algunos cuerpos fueron sacados por los militares y lanzados al mar principalmente en la zona de Los Molles, al sur de la ciudad de Coquimbo y 400 km al norte de Santiago.

   El informe consigna los casos de numerosos chilenos detenidos en Argentina durante las dictaduras militares en ese país, y lanzados al mar «en tambores que eran rellenados con cemento».

   Al preparar este informe, según explicó Contreras, su propósito es exculpar a los hombres que actuaron bajo sus órdenes durante la represión.

   «Como director de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) no he podido sustraerme, ni moral ni profesionalmente, a la barbarie judicial y publicitaria a la que han sido sometidas todo un conjunto de personas absolutamente inocentes, integrantes de las diferentes instituciones de la defensa nacional», dijo Contreras.

   Del mismo modo abogó por la inocencia de «civiles provenientes de todos los niveles profesionales de la sociedad chilena que pertenecieron» a la Dina y que hoy enfrentan procesos en los tribunales de justicia por los más de 2.000 muertos y desaparecidos que dejó el régimen militar.

   Las revelaciones del ex hombre fuerte confirman su distanciamiento del general Pinochet, que en los interrogatorios a que lo sometió el juez Juan Guzmán Tapia negó su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos y las atribuyó a excesos de sus subalternos.

   «Nos dejó absolutamente solos», dijo Contreras al referirse a Pinochet, en una entrevista difundida en septiembre pasado.

   «Perdió la oportunidad de haber sido un líder, de hacer lo que dijo, que no le tocarían a ningún hombre. No lo cumplió», agregó en esas declaraciones a la revista «El Sábado» del diario El Mercurio.

   Pinochet, de 89 años, fue liberado de un primer proceso en manos del juez Guzmán Tapia, cuando la Corte Suprema aceptó en julio de 2002 que una demencia moderada le impide defenderse.

   Guzmán Tapia lo sometió a un nuevo proceso, en enero pasado, por los crímenes de la «Operación Cóndor», que dejó miles de desaparecidos en seis países sudamericanos, pero el juez se retiró del Poder Judicial hace dos semanas y el caso deberá continuar en manos de otro magistrado.

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