Gestión delictiva desde cárceles

En los anales del crimen  del país aparece más de un caso comprobado de hechos escandalosos  cuyos autores estuvieron dirigidos desde las cárceles. Estar en una celda no impidió  que algunos reclusos “pejes mayores”  del delito continuaran liderando delincuentes. A la interactividad entre las cárceles  y el exterior  es atribuida la trama para causar la muerte a cinco reclusos que vivían en “situación de privilegio” en el penal de Higüey, denunciada por las autoridades del sistema penitenciario. El quid del asunto anda por ahí: si se tiene licencia para recibir todo tipo de visitas y armar juergas en los  penales, no puede sorprender que existan conexiones para la criminalidad ni que el consumo de sustancias ilegales   esté tan extendido.

La preservación del orden público no puede reconocer   fronteras como las que permiten que algunos reclusos vivan delictivamente. Cabe admitir que en días recientes las autoridades hicieron esfuerzos por  poner fin  a tolerancias  inauditas  en los encierros. Pero lo hecho hasta ahora no basta. Lo urgente es el establecimiento de controles sistemáticos que impidan que los reclusos abusen de las facilidades para el contacto personal y la comunicación telefónica que les sean reconocibles como derechos. La aceptación de sobornos por parte de guardianes carcelarios para permitir esas situaciones debe ser detectada y combatida mediante  una guerra sin cuartel.

La posesión irresponsable

Por lo menos dos personas jóvenes resultaron muertas y dos niños recibieron  heridas  en hechos separados durante el pasado fin de semana   a manos de menores de edad que jugaban con armas de fuego. En cada caso  gente adulta se descuidó con los artefactos mortíferos   puestos a su cargo o permitió que adolescentes estuvieran armados en hogares. La desgracia en cada episodio fue propiciada por una condenable negligencia   que debe encender una señal de alarma  a esta sociedad sobre la aprobación a la ligera de porte y tenencia  a ciudadanos que no tienen conciencia sobre los riesgos que para sus propias familias encierran los revólveres y pistolas.

Hay que decir más: los padres o tutores que con su conducta irresponsable dieron pie a estas tragedias deben ser  juzgados por incurrir en omisiones con daños al prójimo para las cuales la ley reserva como debe ser específicas sanciones  en adición a las  que sus propias conciencias les reserven.