Hoy 
CÉSAR PÉREZ
Definidas las principales candidaturas a síndicos y regidores por el Distrito Nacional y toda su área metropolitana, se supone que quienes las ostentan deberían definir sus propuestas programáticas. Pero, no sólo deben los aspirantes a esos cargos municipales definir sus propuestas, sino que las diversas expresiones de la sociedad civil también debemos plantear nuestras exigencias, y sobre cómo queremos que sean gobernados nuestros territorios.
Todas las administraciones municipales de los tres grandes partidos en esas demarcaciones han discurrido sin un marco institucional de ordenamiento territorial que les permita asumir el control de un crecimiento espacial acelerado del área metropolitana, el cual contrasta con el evidente descrecimiento poblacional de las principales zonas del Distrito Nacional, DN.
El territorio de la metrópolis de Santo Domingo crece sin las debidas complejidades y complementariedad de funciones de sus espacios que permitan su cohesión social. Se multiplican los espacios monofuncionales, con tendencia a vocaciones sólo residenciales o sólo comerciales, el mercado del suelo y de la vivienda, sin la debida intervención de los poderes locales, es casi el único el creador del espacio urbano y del territorio, con consecuencias muy negativas para la oferta de los servicios públicos, pues el desmedido crecimiento espacial incrementa su costo.
Ello ha determinado una ciudad signada por fuertes déficit en aspectos esenciales de la gestión del territorio: la sostenibilidad, la cohesión social y la equidad, claves para establecimiento de un mínimo marco de gobernabilidad. Las autoridades de todos ayuntamientos de la metrópolis no han podido diseñar políticas urbanas con sentido de globalidad, de regulación del crecimiento urbano, no tienen criterios sobre cómo captar suelo o mitigar el incesante incremento de ese bien, para potenciar las posibilidades de que los sectores populares tengan mejores condiciones de acceso a la vivienda.
Esas autoridades creen que una buena gestión urbana es aquella se basa sólo en el manejo de los residuos sólidos, la construcción de canchas deportivas, alcantarillado pluvial o siembras de árboles. Desafortunadamente, todavía las dirigencias de los partidos de esas autoridades tienen ese limitado horizonte sobre la gestión local y lo que es peor, la mayoría de nuestras comunidades así también perciben este tema. Todavía no nos hemos dado cuenta que una buena gestión descansa en planes urbanísticos modernos y en una prestación de servicios públicos eficiente y de calidad, a la cual tenga acceso toda la población.
Es cierto que este ideal de servicio es difícilmente alcanzable con los recursos disponibles por nuestros ayuntamientos y que es muy difícil la sola intervención del sector público, por lo que a veces es necesario el concurso del sector privado para la oferta de los servicios del transporte, la educación, el manejo de los residuos y el acceso al suelo y la vivienda.
Esto nos plantea la necesidad de examinar modelos de gestión de los servicios públicos basados no solamente en la innovación tecnológica para lograr la eficiencia, sino en la participación de diversos agentes sociales y económicos en la oferta de éstos, pero asumiendo los poderes del estado regulaciones claras, no solamente de dicha oferta, sino constituyéndose en factor determinante de respuesta a la demanda de calidad y eficiencia de los servicios públicos de parte de la población.
La debilidad de nuestra institución municipal, como reflejo de la debilidad y de la poca voluntad de la clase política de institucionalizar sus prácticas, impide que las autoridades municipales asuman ese rol de potenciar y articular esos agentes sociales para la oferta de los servicios públicos. A ello se suma nuestra inveterada tendencia hacia la improvisación y la corrupción en la administración pública, además de un personal de limitada formación y capacitación.
Por otro lado, a luz de la experiencia, y lo que ya estamos viendo en las intervenciones de nuestros candidatos a síndicos y regidores tanto del DN, como de toda el área metropolitana, siguen ignorando otros temas claves para la buena gestión local, por ejemplo, los planes maestros como instrumento indispensable de la gestión urbana, los proyectos de desarrollo local basado en un ordenamiento territorial que impidan el crecimiento disperso y fragmentado de esos espacios, y de captación de suelo para proyectos de viviendas populares. Tampoco fijan posiciones frente a las grandes políticas de intervención en la ciudad (que no es igual que políticas urbanas) que tiene el gobierno central en toda la metrópolis.
Ojalá que otras fuerzas políticas y las diversas componentes de la sociedad civil sepan aprovechar la presente coyuntura electoral para central el debate sobre estos y otros grandes temas de la gestión local, como elementos claves para el desarrollo económico centrado en las necesidades de la gente y como el camino más idóneo para establecimiento de la gobernabilidad democrática.
