POR MANUEL JIMÉNEZ
El gobierno gestiona un préstamo US$50 millones para la compra de combustible para normalizar en lo inmediato el suministro de electricidad a la población, anunció ayer el presidente Leonel Fernández.

Asimismo, el mandatario dijo que en los próximos días anunciará otras medidas tendentes a normalizar el abastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP).

El mandatario anunció que se convocaría a una licitación internacional para adjudicar la administración de las distribuidoras de electricidad Edenorte y Edesur a empresas privadas especializadas en la administración de servicios públicos.

Fernández anunció también que se procederá a evaluar o renegociar los contratos de compra y venta de energía entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CEDEEE) y los productores independientes, así como entre las empresas generadoras y distribuidoras. Otra de las iniciativas será transparentar los costos del sector eléctrico y focalizar el subsidio estatal a la tarifa eléctrica a las familias con un consumo mensual de hasta 200 kilovatios-hora, expresó el jefe de Estado.

Se elaborará un programa de capacitación de personal técnico en el área de regulación del sistema eléctrico y de diseño y formulación de políticas energéticas y que se fortalecerá a la Superintendencia de Electricidad.

Se aprovechará también el proyecto de ley de incentivo a las energías renovables y se hará una fuerte inyección de nuevos capitales al sector, dijo Fernández.

“Estoy seguro de que con el apoyo de los organismos multilaterales, especialmente del Banco Mundial y del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), la aplicación coherente y sistemática de este conjunto de medidas deberá traer pronto la luz al final del túnel”, dijo el presidente Fernández.

Fernández rechazó que en su primera administración, de 1996 al 2000, se originaran las fallas que han  conducido a la grave crisis energética actual, porque se limitó “a procurar el concurso del sector privado para hacer las inversiones requeridas e introducir las tecnologías que hacían falta para un relanzamiento y modernización de la industria.”

Dijo que “si el proceso resultó imperfecto, o con áreas fallidas, sólo había una cosa que hacer: modificarlo, mejorarlo, complementarlo, seguir desarrollándolo en base a nuevas experiencias y soluciones”. 

“Pero no fue así, dijo Fernández. En lugar de eso se procedió a satanizarlo, a politizarlo y, ahora, casi cinco años después de haberse realizado el proceso de capitalización de la industria eléctrica nacional, nos encontramos con una nueva crisis estructural que mantiene a toda la población legítimamente enojada e indignada,2 expresó el gobernante.

Dijo que el problema consiste, “simple y llanamente, en que no hay fondos suficientes para cubrir los costos de producción de energía” y “cada mes, el sector energético pierde entre 20 y 25 millones de dólares”.

No hay, dijo, recursos suficientes para cubrir mensualmente los costos de generación de energía, se ha acumulado una deuda de alrededor de US$400 millones.

Explicó que esta falta de recurso, a su vez, limita la capacidad de compra del combustible para producir energía eléctrica, y de ahí resulta que de una demanda de 1,500 megavatios, el suministro sólo alcanza 950 megavatios.

Los costos de generación de energía, dijo, se han disparado por las nubes a causa del aumento de los precios de los combustibles, que la mitad de la electricidad que se produce se pierde o no se paga y que el gobierno ha demostrado incapacidad para cumplir con el pago del subsidio al sector.

El gobierno anterior readquirió a mediados del año pasado las acciones que poseía la empresa española Unión Fenosa en las dos compañías estatales de distribución.

La operación, ocasionó el primer rompimiento del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues el organismo, además de que se quejó de que no se le consultó, aseguró que la medida incrementaría el déficit fiscal.