Los planificadores tendrán que ponerle atención, alguna vez, a la tendencia de agigantar el Estado a partir de la creación de posiciones -electivas o no- como fuentes de retribución para el favor político y el trabajo proselitista. Está demostrado que un Estado sobredimensionado deja de ser eficiente y costoso para las finanzas, y no garantiza a los ciudadanos aquellos servicios a que tiene pleno derecho.

Recientemente los diputados aprobaron en dos lecturas “al vapor” modificaciones a la Ley Municipal con el único propósito de aumentar la nómina de regidores en algunos municipios. Ya antes los legisladores habían fraccionado el territorio nacional para crear nuevas demarcaciones que justificarían la elección de nuevos diputados, senadores, síndicos, vicesíndicos y  regidores, a los que hay que añadir una burocracia colateral inevitable.

Todavía nadie ha podido exhibir alguna utilidad de estos cargos en la funcionalidad del Estado. Lo que sí ha quedado demostrado es que estas posiciones son una tara para las finanzas públicas que se alimentan del dinero de los contribuyentes. No es saludable aumentar el tamaño de la administración del Estado cada vez que se le ocurra a un grupo político y es una irresponsabilidad mayúscula no ponerle freno y hasta revertir  esta tendencia.

Aceleremos la transformación

Sería mezquino negar que el país haya progresado en materia penitenciaria. Aunque persiste todavía la existencia de condiciones infrahumanas en algunas cárceles, no hay duda de que se trabaja para corregir esto, desde el punto de vista de la infraestructura y,  fundamentalmente, de los procedimientos de manejo y el trato de los internos. Hay cárceles modelo y recientemente fue inaugurado en Moca un centro de reclusión que procura eliminar el hacinamiento.

Sin embargo, es necesario acelerar esta transformación y mejorar los controles internos y las condiciones de estada de los internos. En muchas cárceles las condiciones son terribles, y el mejor testimonio consta en la serie de reportajes hechos por nuestra reportera Sorange Batista acerca de la situación que afecta a miles de internos.  Está claramente establecido que la privación legal de  la libertad no supone la degradación de la condición humana.