Gobernabilidad

Gobernabilidad

UBI RIVAS
Gobernabilidad es una palabra mágica aventada al socaire de los tiempos nuevos, exactamente luego de la Era Balaguer de despotismo ilustrado y paterfamiliado rampante y rasante que nos impusieron los 22 años aquellos, y que en hogaño es cosecha del presidente Leonel Fernández cuando la impulsó en su primera administración 1996-00.

Convencido, como hombre que corteja la cultura, de que es menester consensuar con los poderes fácticos para empujar todos juntos en una dirección el carro del progreso dominicano, el presidente Fernández, que además se sabe en exigua minoría congresional por su PLD y en las sindicaturas, todo lo cual es férula aún del PRD, ciertamente que se encuentra entre la espada y la pared entre el manejo de sus arbitrios y las posibilidades mínimas que le endosa, no obstante el espíritu faraónico del artículo 55 de la Carta Magna, la facultad inequívoca de ejercer el Poder Ejecutivo.

Por un lado, tanto Estados Unidos, la Unión Europea, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y ámbitos apreciables de la sociedad dominicana, así como instancias trepidantes influyentísimas de la sociedad civil y el propio PLD, exigen al gobernante que sin asomos de retaliación, aplique correctivos en los fastos de las indelicadezas administrativas del Estado, las irregularidades y las inconductas, todas las cuales conducen a los meandros tétricos y repulsivos de la corrupción.

Empero, cuando el presidente Fernández empezó a ejecutar las reformas que entiende imperiosas como terapias quirúrgicas para restablecer el tejido social de lo pútrido que detectó, como eliminar los impuestos únicos, exoneraciones, pensiones a granel, entre ellas irritantes como las del litoral del Banco Central, anulación de asignación de parcelas del IAD inclusive el ciclón batatero del proyecto La Cruz de Manzanillo, retiro de militares y policías, acusaciones de malos manejos en Migración, Procuraduría General, incautación de 350 vehículos que aún retienen pasadas autoridades civiles y militares, vinculación del ex-presidente Hipólito Mejía con la tarjeta de crédito que por RD$400 millones arbitró el hoy retirado coronel EN Pedro Julio Goico Guerrero, acusación del Superintendente de Seguros en relación al desorden detectado en la secretaría de Educación, la tregua de los primeros cien días y con ella el pujo esperanzador de un ambiente de consenso, asaz parece que perimió y fragmentó.

Es menester añadir a este listado de intento de corrección, anulación de concesión por el Procurador General anterior de terrenos de Bahía de las Aguilas a particulares, anulación de alegres y al granel indultos concedidos por aquel, ciertamente escandalosos é irritantes, anulación de concesiones de tierras del CEA, reliquidación por RD$29 millones de dos millones de quintales de arroz importadas sin pagar aranceles.

La amenaza de iniciar arqueos de lo encontrado por el gobierno actual del anterior en escenarios de pantalla chica como utilizó el presidente Joaquín Balaguer a principios de 1987 para edificar lo que se deshizo en el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco, que se detuvo en seco por hacérsele saber al actual gobenante que el anterior dispone de un arqueo realizado por Price Waterhouse de lo que encontró de la administración 1996-00.

En el vórtice de estos choques de intereses, se agazapan, a la espera de vientos de fronda, el impulso a un nuevo pacto con el FMI que el canciller USA Colin Powell sugirió al presidente Fernández en el marco de jura de la presidencia de Martín Torrijos en Panamá, para sincerar la economía dominicana; la insistencia tanto del PRD como del PRSC de aprobar un aumento salarial del 30% en momentos en que no hay aún estabilidad del fluido eléctrico, hay estanflación y ni el dólar ni los precios internacionales de los crudos se estabilizan, no obstante estos dos reducir apreciablemente su carrera alcista, y los combustibles y algunos rubros alimenticios bajar de precios.

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