San Juan.- El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, contestó hoy la misiva remitida esta semana por la Junta de Supervisión Fiscal y en ella asegura que coinciden en puntos sobre la situación fiscal, pero también que mantiene con ella “claras diferencias en cómo abordar y el pronóstico” expresados en la carta.

Hace dos días, la Junta le comunicó a Rosselló que estaba abierta a ampliar el plazo para el Plan fiscal de la isla y le recomendaba una serie de medidas para llegar a un ahorro de unos 3.000 millones de dólares.

En su respuesta, Rosselló le indica a la Junta que cualquier plan fiscal basado exclusivamente en “una reducción de la salud, el bienestar y el nivel de vida del pueblo de Puerto Rico, a través de recortes en la prestación de servicios de salud, las actuales reducciones de pensiones de los jubilados de nuestros segmentos más vulnerables de la población y de despidos, es, por su propia naturaleza, inaceptable».

A su vez, les reitera que la «única manera en su opinión de resolver el problema económico que vive la isla, es a través del verdadero crecimiento económico». Tras enumerar todas las medidas que ha llevado a cabo en su escaso tiempo al frente de Puerto Rico, el Gobernador subraya que “no sacrificaré la sanidad de nuestra población o el acceso a los servicios sanitarios».

De igual forma, asegura que “no limitaré el acceso a la educación superior como herramienta que permita el desarrollo económico” tal y como preveían algunas recomendaciones de la junta. “La pobreza no es una opción para la gente que ha trabajado incansablemente para el Gobierno”, advierte Rosselló en relación a la opción de llevar a cabo despidos de funcionarios gubernamentales.

Rosselló les recordó, además, que su administración ya había comenzado a hacer ajustes para reducir los gastos operacionales del Gobierno y apuntó que no se subirán los impuestos pero si mecanismos para mejorar la captación de impuestos.

La Junta recomendó en su carta aumentar los ingresos mediante ajustes al sistema contributivo y mejoras al sistema de administración y fiscalización de recaudaciones; ajustes, reducción y aumento de la eficacia en la estructura gubernamental; reducción del gasto sanitario, en la educación superior, así como una reforma del sistema de pensiones.