De todas maneras sufrirán las consecuencias electorales que traen aparejadas las protestas sociales. La efectividad del paro  motorizado el pasado lunes por  organizaciones populares, sin participación de centrales sindicales y sin coerción, deja importantes desafíos para el gobierno y el sistema  político. 

La efectividad del paro social efectuado el pasado lunes 11 de julio, ante una convocatoria de organizaciones populares nucleadas en el Foro Social Alternativo, sin participación de las centrales sindicales y sin coerción ni violencia, deja importantes desafíos para el Gobierno y el sistema político.

Los gobernantes podrán mantenerse ciegos y sordos ante la creciente movilización social,  incluso corriendo el riesgo de mayores conflictos, pero de esa forma no podrán evadir el costo político que conlleva para las elecciones presidenciales del próximo año y para el liderazgo del presidente Leonel Fernández.

Sorprendente efectividad.  Aunque desde la convocatoria a la protesta varias semanas atrás se advertían “condiciones objetivas y subjetivas” para su materialización, causó sorpresa en la opinión pública la efectividad y extensión del paro de actividades realizado el lunes en casi todo el país, especialmente en las provincias.

No quedó duda de que el llamado encontró amplio eco en los más diversos sectores sociales, sin que mediaran recursos coercitivos como los actos de violencia y obstrucción de las vías públicas que acompañaban anteriores paralizaciones de actividades. Salvo limitados brotes en la Capital y Santiago, la violencia fue exceso  de la fuerza pública que cobró tres vidas y una decena de heridos.

 El paro fue más significativo porque fue convocado sólo por los grupos populares agrupados en el Foro Social Alternativo, sin participación de ninguna de las centrales sindicales. Fue nacional, con claras expresiones en todas las regiones,  incluyendo provincias que antes no eran proclives a respaldar este tipo de protestas, como las del lejano Suroeste. Las carreteras troncales fueron un espejo claro del nivel de la protesta. En la Capital fue notoria la parálisis en las horas matinales y nocturnas.

La amplitud de la manifestación quedó patente en la celebración religiosa  ecuménica con que comenzó en el parque Independencia de la Capital, la cual reunió a pastores católicos, episcopales y evangélicos, algo sin precedente en la larga historia de las protestas sociales dominicanas. En los medios informativos hubo consenso en que la población expresó su descontento con la actual gestión gubernamental.

Resignada aceptación.  A diferencia de otras convocatorias de paros, esta vez pareció predominar la convicción de que era inevitable. Aunque como siempre las principales instituciones empresariales, autoridades eclesiásticas y los periódicos no aprobaban la paralización del país, no mostraron una actitud militante y más bien reclamaron que si se producía fuera pacífica, algunos reconociendo que había motivos para la protesta. Hasta el Gobierno lució resignado ante la convocatoria y no intentó neutralizarla llamando a dialogar, tal vez porque los líderes del Foro Social rechazaron cualquier mediación y enarbolaron un pliego de peticiones que dejaba al Gobierno sin iniciativa en medio de su esfuerzo por rescatar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para acceder a unos mil US$100 millones, casi RD$42 mil millones, básicos para la ejecución presupuestaria de un año que ya cursa su séptimo mes.

La resignación gubernamental pudo estar motivada en la subestimación de los convocantes y de la inconformidad de la población, aunque también en la estrategia de dejar que se desahogara la caldera social, antes de que se sintieran más los efectos secundarios del paquete impositivo y el alza de la tarifa de la electricidad que ya comienzan a generar mayor inflación, desempleo, reducción de las ventas y elevación de las tasas de interés.

Aunque como siempre hubo excesos policiales, no cabe duda que la gerencia gubernamental evadió la confrontación, tal vez consciente del grado de legitimidad que arrastraba la protesta y de que una dura represión equivaldría a echar baldes de gasolina sobre la hoguera social. Lo explica la escena del jefe policial confraternizando con líderes del movimiento que acaparó las pantallas de la televisión. Al final no hubo las multitudes de presos que quedaban de protestas similares. 

Inevitable costo político.  Parece obvio que el incremento de la protesta social, expresado en una paralización nacional, conlleva un costo político, y que la simple sordera y ceguera gubernamental podría elevarlo. Así lo entendió el candidato presidencial del partido de Gobierno, Danilo Medina, quien dos días después del paro general dijo que el mismo “debe ser una clara señal para el Gobierno de que hay cierta inconformidad en la población”.

Buscando evadir el costo político de la indiferencia gubernamental, Medina pidió mejorar la comunicación con la ciudadanía, procurar acercamiento, disciplinar el discurso de los funcionarios y acabar con las propuestas imprudentes, “y si hay voceros que ya no tienen la credibilidad para comunicar, deben ser sustituidos”. 

El Gobierno puede contar con el desgaste de las protestas, sobre todo si predomina la sensación de que ni siquiera los paros generales efectivos arrojan beneficios tangibles. También puede jugar a la desesperación del liderazgo social alternativo, que ha anunciado manifestaciones regionales para el 28 de julio y un plazo al Gobierno hasta el 14 de agosto para responder las demandas. En esa fecha una asamblea nacional decidiría los siguientes pasos, entre los cuales algunos acarician una paralización más prolongada, de dos días, que podría radicalizar las protestas o sepultarlas por una sobre estimación de su fuerza motora.

Los estrategas gubernamentales podrían estar contando con la experiencia del último paro general ocurrido precisamente en julio del 2007, año preelectoral como el actual, después del cual sobrevino una desmovilización temporal. Pero en el 2008 el  presidente Leonel Fernández proclamaba que la economía nacional estaba blindada frente a la crisis internacional y buscando la reelección se embarcó en una política de subsidios y gastos que inició una carrera de déficits fiscales sobre los 50 mil millones de pesos anuales, que se repitieron en  2009 y 2010 y proyectado para el año en curso.

Las posibilidades ahora de neutralizar las protestas sociales son  mucho más reducidas por la acumulación de los déficits,  reducción de las fuentes de financiamiento y prolongación de la crisis internacional. Y es evidente que el desgaste político, el descrédito del Gobierno y las insatisfacciones sociales son mayores, por la generalización de la convicción de que la corrupción y la malversación de los recursos públicos han alcanzado niveles insostenibles. 

Aunque los desafíos de la exitosa paralización tocan más directamente a los  gobernantes, para algunos analistas, alcanzan a todo el liderazgo nacional, pues los convocantes, en tanto Foro Social Alternativo, son portadores de insatisfacciones con todo el sistema político nacional. 

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Insostenible

Es evidente que el desgaste político, el descrédito del Gobierno y las insatisfacciones sociales son mayores, por la generalización de la convicción de que la corrupción y la malversación de los recursos públicos han alcanzado niveles insostenibles.

Llamado a la reflexión

Tras el desahogo del pasado lunes  surgen numerosas interrogantes sobre el curso de las protestas sociales que se vienen incrementando en los últimos dos años.

La antropóloga Tahira Vargas, que lleva un registro minucioso de las mismas, ha señalado que en el 2010 se produjeron 285 protestas sociales, superando en 300 por ciento las del 2006, y llamando la atención de que ahora ocurren en provincias que antes eran muy pasivas como Elías Piña, El Seibo,  Samaná, Pedernales, Independencia, Dajabón y Santiago Rodríguez, lo que ella atribuye al abandono del campo, al deterioro de las vías como los caminos vecinales, y a la concentración de la inversión.

Sin embargo las provincias de Santo Domingo, Santiago y Barahona, con el 23, el  17 y el 9 por ciento, concentraron casi la mitad de las protestas sociales del 2010. En ellas la paralización del lunes fue relevante. Se podría explicar en que la primera representa la mayor concentración de pobreza del país, Santiago es la que más reclama equidad en la inversión pública, y Barahona tiene tradición en movilización social.

Es obvio que el Gobierno tiene poco que ofrecer en medio del dramático déficit fiscal que acumula dentro del escenario de crisis económica mundial y ante reclamos tan amplios y ambiciosos como los enarbolados por el Foro Social Alternativo, que incluyen hasta el desmonte de las recientes reformas tributarias, elevación de salarios, reducción del costo de los combustibles y cambios en la política de gastos.

Por de pronto monseñor Agripino Núñez Collado, con su experiencia de tres décadas en la mediación de conflictos sociales, ha advertido que el paro “fue un llamado a las autoridades a reflexionar y evaluar la situación del país y a buscar las mejores vías que conduzcan a superar los males que afectan sobre todo a los sectores más desposeídos”. Ya el miércoles, bajo su moderación,  dirigentes empresariales y sindicales dieron por iniciado un “diálogo social”.