El Presidente Electo, Leonel Fernández, ha dicho a los miembros de su partido que ocuparán funciones públicas a partir del lunes próximo, algo que muchos de ellos han debido intuir a partir del estado calamitoso del país, las motivaciones que inspiraron el voto abrumador que les ha devuelto el Poder y, claro está, para aprovechar la oportunidad de engrandecer su partido sobre la base de una gestión que llene las expectativas del pueblo dominicano.

Una buena premisa para hacer un buen Gobierno es que las funciones públicas sean puestas bajo responsabilidad de hombres y mujeres técnicamente capaces y moralmente inobjetables, que vayan a la administración pública a servir al país y no a servirse de él, que estén suficientemente sensibilizados ante las calamidades de la nación y que estén provistos de planes y herramientas acordes con las necesidades de solución de cada uno de los problemas nacionales.

Más allá de estas premisas, los funcionarios de la gestión que comenzará el lunes próximo habrán de despojarse de cualquier traza de arrogancia que pudiese estar motivada en la abrumadora victoria electoral, que indudablemente fortalece a su partido, y en la penosa debilidad que exhiben al menos dos de las principales fuerzas políticas, que resultaron derrotadas y están, en alguna medida, abatidas por problemas internos.

El estado actual del país, con una economía endeble, la moneda devaluada y las condiciones de vida en su peor nivel, amerita una permanente dedicación de parte de quienes administren el Estado y un ejercicio juiciosamente austero, basado en la destinación de los recursos a innegables prioridades.

El país, lleno de frustraciones porque sus conductores salientes no le han conducido de la mejor manera y han rehuído responsabilidades como la solución o alivio del problema energético, entre otras, merece que los nuevos gobernantes realmente gobiernen bien. Aspiramos, pues, que los nuevos funcionarios le tomen la palabra al Presidente Electo, y que lo hagan al pie de la letra, para bien de todos.

Estado en extinción

Un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas afirmó en estos días que Haití es un Estado en extinción. Su afirmación estuvo sustentada en la pésima situación económica y social, el terrible drama político, con  insurgentes armados controlando parte del territorio, y por la imposibilidad de lograr afianzar instituciones que puedan diseñar y aplicar planes de progreso.

Esto, que para el representante de la ONU en Haití es una novedad, para los dominicanos es historia sabida, algo así como llover sobre mojado. En alguna medida, nuestro país ha tenido que absorber mucha de la calamidad haitiana, a través de una permanente inmigración ilegal y por el financiamiento de asistencia médica a haitianos en nuestros hospitales.

En cada crisis y por medio de las más diversas modalidades, Haití ha sido un Estado frecuentemente intervenido. La más reciente de esas intervenciones, a propósito del levantamiento armado que forzó la renuncia del presidente Jean Bertrand Aristide, persiste sin que se haya logrado afianzar Gobierno y la deposición de las armas por parte de insurgentes que operan en la región central y la frontera, en el lado haitiano.

Es decir, que si Haití es un Estado en extinción hay que deducir que las tantas intervenciones, en vez de revertir esa liquidación, parecen estar acelerándola sin darle a los haitianos la oportunidad de sobrevivir como nación. Lo que está a la vista…