EDUARDO JORGE PRATS
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No hay dominicano que dude que vivimos en la sociedad del riesgo: una sociedad impactada por la globalización que transforma la naturaleza de la inseguridad y los riesgos personales, familiares y colectivos, asociados usualmente a catástrofes naturales o a comportamientos de los propios humanos y en donde los riesgos se intensifican y multiplican, emergiendo otros de nuevo cuño.

Todo esto pone en jaque las funciones tradicionales de seguridad y prevención de riesgos del Estado y demanda transformaciones radicales en las funciones y capacidades de la Administración Pública.

Los debates surgidos tras cada desastre dejan claro que la gobernanza de los riesgos en la República Dominicana está atrapada, siguiendo a Max Weber, en las redes del paradigma autoritario y del paradigma jerárquico burocrático.

Por un lado, un partido forjado en la cosmovisión leninista del centralismo democrático, encabeza una Administración Pública, a la que trata de ceñir en un paradigma vertical, jerárquico o burocrático que, como bien ha señalado Joan Prats, “está centrado en el protagonismo de la autoridad pública a la que corresponde tanto la justificación de la actividad peligrosa como la apreciación y gestión del riesgo, tarea que se expresa en regulaciones detalladas orientadas al problema”.

Es la adhesión acrítica a este paradigma la que conduce a las autoridades a desconocer las investigaciones de expertos voluntarios pues éstas asumen que “cada actor involucrado se entiende que defiende su interés específico y que sólo la autoridad pública defiende el interés general”. Por eso se dice que esos expertos son simpatizantes o activistas de partidos de oposición y que la verdad reposa en los aposentos gubernamentales. Aquí la verdad es lo que dicte la autoridad y no lo que descubra la ciencia.

Por eso, el modelo dominicano de gobierno de los riesgos se aleja del paradigma jerárquico, pues, mientras en ese paradigma las regulaciones de los riesgos se legitiman a partir de proposiciones científicas, en nuestro país éstas son interpretadas medalaganariamente por las personas investidas de autoridad. De modo que, mientras el paradigma burocrático está en crisis en todo el mundo porque se exagera el rol de los expertos y se sobre-dimensiona la objetividad de la ciencia, nuestra gobernanza de los riesgos falla porque no se ha consolidado a partir de lo mejor del paradigma burocrático y se ocultan los problemas, más que para salvaguardar el prestigio de los expertos en realidad para esconder la ineficiencia o ineptitud gubernamental.

El panorama se complica por lo que la Declaración de Santo Domingo (“La ciencia para el siglo XXI: una nueva visión y un marco de acción”, marzo de 1999) revela: a pesar de que “el conocimiento científico y tecnológico ha producido aplicaciones que han sido de gran beneficio para la humanidad”, estos beneficios “no están distribuidos equitativamente”, lo que amplía “la brecha entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo”. Esto, sin olvidar que “además, la aplicación de los avances científicos y tecnológicos en ocasiones ha sido la causa del deterioro del medio ambiente y la fuente de desequilibrio y exclusión social”.

En otras palabras, la gestión de los riesgos se complica no solo por el manejo autoritario de éstos, sino también por el hecho de que, en el Tercer Mundo, los riesgos globalizados se democratizan pero los saberes científicos imprescindibles para su gestión se jerarquizan. Esto solo puede ser resuelto a través de una gestión democrática y participativa de los riesgos, lo que implica que los mismos no sean dejados en las manos exclusivas de las autoridades y de los expertos.

Es lo que se denomina el “paradigma de la confianza mutua”: en donde se descentraliza la toma de decisiones, la ciudadanía participa en la gestión y apreciación del riesgo y el saber experto se hace pluralista y disponible para todos los involucrados. El conocimiento se sabe limitado lo cual deslegitima todo intento de centralización burocrática de los problemas. La autoridad pública tan solo fija los niveles máximos y mínimos de riesgo y permite que la ciudadanía negocie el nivel final aceptable de riesgo. Se sabe que el riesgo es inevitable y lo que busca la regulación es tan solo permitir la razonable asunción colectiva de aquellos riesgos que la comunidad consideró tolerables.